Justicia argentina rechazó apelación contra el decretazo de Milei

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La Justicia de Argentina rechazó este miércoles el amparo presentado por la Confederación General de Trabajadores de la República Argentina (CGT) para pedir la nulidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei.

El juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó el proceso solicitado por la central obrera, tras alegar que el DNU, aunque el mandatario lo aprobó, aún no ha entrado en vigor.

Con este proceso, el sindicato de trabajadores argentinos buscaba que se detuvieran las reformas anunciadas por Milei, en las cuales cesan los derechos de los ciudadanos, tras derogar más de 300 leyes.

Sin embargo, según el magistrado Ramonet no encontró «razones graves y objetivamente impostergables que habilitan el dictado de una medida cautelar». 

Aunque el juez reconoció que si entra en vigencia el DNU «habría derechos colectivos afectados». Señaló que eso «debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica».

Asimismo, sugirió que los amparos contra el decreto de Javier Milei se traten por separado y no como una causa colectiva.

«En mi modestísima opinión, sería aconsejable que las acciones colectivas que se iniciaran (o que ya se han iniciado) se desagregaran por fuero especializado»; dijo el juez argentino.

Vale recordar, que la semana pasada la CGT anunció que realizaría este miércoles una movilización a los Tribunales de Buenos Aires para que declararan la nulidad del “decretazo” de Milei.

Además, se prevé que los principales gremios del país convoquen a su Comité Central Confederal este 28 de diciembre, para analizar un llamado a paro general.

¿Qué leyes modificó Javier Milei?

La ley propone aumentar de 3 a 8 meses el periodo de prueba de los trabajadores antes de contratarlos con todas las prestaciones de ley. Lo que beneficia al empleador, quien durante ese lapso no tiene que cubrir los derechos laborales e incluso puede cesar la relación sin ningún tipo de indemnización.

Ahora, los alquileres se pactarán libremente y en dólares. Los servicios médicos privados podrán aumentar precios cuando quieran. Privatizarán a las empresas públicas.

El Decreto también confirma el cambio de estatus legal de las empresas públicas, que ahora serían Sociedades Anónimas que podrán ser privatizadas.

Asimismo, ya no se inscribirán los contratos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esto implica una total desregulación del mercado inmobiliario, siendo el principal afectado el inquilino.

La posibilidad de firmar contratos en “cualquier moneda extranjera” abarca no solo los alquileres, sino todo tipo de contrato. La medida abre paso a la dolarización de la economía, que fue una promesa de Milei durante su campaña.

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