La exmandataria de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, podría enfrentar una condena de 30 años de prisión, luego de ser imputada este martes por los delitos de genocidio y homicidio, suscitados en la masacre de Senkata en noviembre de 2019.
La Fiscalía presentó la imputación formal ante el Juzgado Penal Cautelar Primero de El Alto. También, solicitan detención preventiva de seis meses en la cárcel de Miraflores, mientras avanzan las investigaciones.
La exgobernante cumple en ese penal una sentencia en primera instancia de 10 años por el caso Golpe de Estado II; juicio que la culpó por utilizar la vía inconstitucional para asumir el Senado y luego la Presidencia.
“Los suscritos fiscales (…) imputan formalmente a: Jeanine Áñez Chávez por la comisión del delito de asesinato con relación a las 10 personas fallecidas, (…) y asesinato en grado de tentativa con relación a los 90 heridos»; señaló la Fiscalía.
Tres años y cinco meses después, la comisión de Fiscales que investiga la Masacre de Senkata (19 nov2019, ciudad de El Alto), imputó formalmente, para que se le investigue, a ex Pdta. de facto Jeanine Añez. En la masacre fueron asesinadas 11 personas y decenas heridas: @teleSURtv pic.twitter.com/Pnjw8t0j0o
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) April 18, 2023
El Ministerio Público señala a Áñez de ser la responsable de las muertes registradas el pasado noviembre de 2019, cuando emitió el decreto 4078 que permitió las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Estas protestas pacíficas rechazaban el golpe de Estado que días antes había desalojado del poder al presidente de ese momento Evo Morales.
Según la Fiscalía, en noviembre de 2019 se consolidó una estructura de poder orientada a ejercer una represión violenta. Pese a que sabían que esto causaría la muerte de personas y lesiones en otras.
Asimismo, añaden que Áñez en complicidad con los exministros de Gobierno Arturo Murillo, y Defensa, Fernando López, emitió el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la muerte), que exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares en la represión contra los manifestantes.
«Esas acciones determinaban implícitamente el uso de armas de fuego, puesto que exoneraba de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas”; aseveró la Fiscalía.
