En una muestra del claro desconocimiento que tiene sobre la realidad del país, el candidato presidencial opositor Edmundo González negó el efecto de las sanciones contra el pueblo venezolano, pese a que las consecuencias negativas que han tenido medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos hayan sido reconocidas por organismos internacionales.
Edmundo González ofreció una entrevista en la que aseguró que las sanciones contra Venezuela “no van directamente al país”, sino contra funcionarios del Gobierno.
Precisó que las sanciones “tienen una razón” y supuestamente “están vinculadas a acciones del Gobierno y de algunos funcionarios”.
“Las sanciones tienen una razón y están vinculadas a acciones del gobierno y acciones individuales de algunos funcionarios del gobierno. Las sanciones no son contra el país, sino contra individuos dentro del Gobierno”, declaró el candidato opositor de la Plataforma Unitaria.
Al cuestionarlo sobre si apoya o no las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, Edmundo González dijo que ese será un tema “que se verá y se analizará”. De esta manera deja abierta la posibilidad de encrudecer más adelante estas medidas contra el país y los venezolanos.
Si bien la teoría de Edmundo González es que las sanciones no afectan al pueblo venezolano, la realidad es otra, dado que estas medidas han impedido que el país crezca económicamente.
Vale recordar, que desde la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) señaló que el 81% de las empresas privadas del país se ven afectadas por estas medidas.
Fedecámaras indicó que las sanciones han alejado oportunidades para que el país crezca y se transforme. Por lo que las considera una política fallida, dado que no cumplen con sus objetivos políticos.
Opinión que compartió Rendivalores, al recalcar que “las sanciones perjudican la economía nacional y en consecuencia a todos los venezolanos”.
Asimismo, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseveraron que las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela han limitado la capacidad del Gobierno nacional para implementar programas sociales en el país.
Al igual que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) que condenó que a causa de las MCU se ha afectado la inversión, producción y comercio de hidrocarburos. Dado que con las licencias se Estados Unidos las empresas extranjeras no han podido producir crudo en el país, lo que limita a la industria petrolera venezolana.
