Gobierno venezolano anuncia cambios en política tributaria

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Como parte de la política tributaria que ordenó el presidente Nicolás Maduro, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), asumió la eliminación de exoneraciones de 597 códigos arancelarios, a productos terminados que pudiesen estar afectando la producción nacional.

Así lo informó el superintendente del organismo recaudador venezolano, José David Cabello, quien se refirió al tema; entre los puntos abordados en una reunión que sostuvo el gabinete económico, junto a representantes de instituciones relacionadas con el área y del sector privado.

En ese sentido, Cabello explicó a través de su cuenta en la red social Twitter, que el objetivo no es eliminar las importaciones, sino impulsar un sistema tributario que favorezca el comercio en la República Bolivariana de Venezuela.

“Hoy en día Venezuela posee una política de sustitución gradual de importaciones. Es por ello que revisamos las demandas y los desafíos de cada uno de los sectores; para apoyarlos con su operatividad y mantenimiento equilibrado de precios”, expresó.

Política fiscal 

Con estos anuncios, el Gobierno Bolivariano, a través del SENIAT, implementan mecanismos que permitan impulsar y proteger políticas fiscales orientadas a fortalecer la producción nacional.

“Seguimos trabajando en función de vencer el bloqueo criminal; para fortalecer y consolidar la economía venezolana”. Así lo manifestó el superintendente José David Cabello.

Estos anuncios responden a los lineamientos emitidos por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez; al instalar la quinta mesa técnica de trabajo del Consejo Superior de Economía Productiva con el sector café. Allí la funcionaria acotó que la Revolución Bolivariana mantiene las facilidades a la importación de los insumos que la nación requiere, incluidas materias primas, bienes de capital y otros.

Agregó también que siguen vigentes 59 códigos en modalidad contingente; en función de la producción nacional. De esta forma ratifica la disposición de las instituciones del Estado, en función de la producción y el desarrollo, por encima de las medidas coercitivas unilaterales que impone el gobierno estadounidense.

 


 

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