Gobierno de Colombia usa la cuarentena para ocultar información de espionaje

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El gobierno de Colombia vuelve al ojo del huracán. Esta vez no por su mal manejo de la pandemia, sino por admitir que los organismos de inteligencia militar de ese país, recurrieron a prácticas ilegales para espiar a decenas de personas. Entre las víctimas de la operación, figuran 130 personas, entre periodistas locales y extranjeros, líderes políticos y comunitarios, sindicalistas, funcionarios del gobierno y militares; catalogados como “blancos externos de las diferentes hipótesis de guerra”.

Las investigaciones empezaron en diciembre de 2019, cuando la magistrada de Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, ordenó el allanamiento del batallón de Ciberinteligencia (BACIB), una unidad operativa del Ejército, en la que lograron incautar decenas de USB, discos duros, computadores y celulares, entre otros equipos en los que reposaba gran parte de las pruebas del espionaje.

Dichas pruebas fueron develadas por la Revista Semana, días antes que se saliera a relucir el informe de Lombada, quien no remitió las pruebas a la Fiscalía y Procuraduría hasta que estalló el escándalo. Estas acciones obligaron al gobierno de Iván Duque a adelantar investigaciones penales y disciplinarias contra varios integrantes del Ejército.

El ministro de defensa de Colombia confirmó la identidad de 11 oficiales del Ejército nacional involucrados. Retirando «en forma temporal con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales que se relaciona” a los coroneles Milton Eugenio Rozo Regado, Hugo Armando Díaz Hernández, Juan Pablo Prado Torres, Julio Tobías López Cuadros y Helmon René Ramos Naranjo. Del mismo modo, fueron retirados los mayores del Ejército Eduardo de la Torres Díaz, Hernán Rolando Villamil Ortegón y Mauricio Quintero Árias.

¿Cómo operaban?

El informe de 62 páginas detalla, que las acciones de espionaje, estaban camufladas en operaciones legítimas y que las mismas eran determinadas por el comandante de la unidad. Para facilitar el acceso a información confidencial se valieron del uso de al menos tres herramientas tecnológicas:

  1. Hombre Invisible: software para acceder a llamadas, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp. La Revista Semana develó que la compra de esta plataforma se hizo a través de una empresa española representada en Colombia por un ex oficial de la armada.
  2. Proyecto Sable: software que permite recolectar información de sistemas informáticos, especialmente lo operados por el sistema operativo Android.
  3. Proyecto Singapur y Panzer: herramientas de intrusión en los sistemas informáticos donde se instale, desde donde obtuvieron el listado de IMEI de teléfonos monitoreados.

Reacciones

  • Presidente Iván Duque: «He dicho, desde inicio de mi Gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley”.

  • Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Michell Bachelet: la inteligencia debe usarse para proteger los derechos humanos y no para vulnerarlos.
  • Defensor del Pueblo, Carlos Negret: prácticas como el ‘perfilamiento’ de periodistas, políticos defensores de DD.HH. y funcionarios públicos, dadas a conocer por la revista Semana, lesionan gravemente los principios democráticos sobre los que se asienta nuestro Estado social de derecho.

  • Senador por el partido Alianza Verde, Antonio Sanguino: ¡Por supuesto que el Gobierno del Presidente Iván Duque ¡sabía de las chuzadas! Desde julio de 2019 denunciamos plan de seguimientos ilegales contra un grupo importante de periodistas y líderes de oposición, por parte del DNI.

El pueblo colombiano que enfrenta solo los embates de la pandemia, atraviesa una etapa de inestabilidad política y social que compromete su vida, consecuencia del incumplimiento del acuerdo de paz que acrecentó las tensiones internas y la deuda social histórica que somete a las mayorías a la pobreza.

 


 

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