El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, junto con el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, fueron recibidos en La Haya, en la sede de la Corte Penal Internacional (CPI). Durante la reunión ambos altos funcionarios pudieron exponer la verdadera situación del país. Así como los avances del sistema de justicia venezolano en materia de Derechos Humanos.
Durante su exposición, tanto Saab como Ruíz, intercambiaron con la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. En tal sentido, el titular del Ministerio Público resaltó el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de violaciones a los Derechos Humanos en el país. Esta ha sido una labor llevada a cabo por el Ministerio Público y los tribunales competentes.
Igualmente, tanto el Fiscal como el Defensor, reafirmaron la potestad soberana del Estado Venezolano, para sancionar este tipo de casos. Ello con base a lo establecido en la Constitución Nacional, en materia de delitos contra los Derechos Humanos. Saab precisó que próximamente se consignarán ante la CPI información relevante.
En esta etapa de investigaciones, el titular del Ministerio Público venezolano resaltó que procede «la constructiva colaboración entre las oficinas» de ambas Fiscalías. Esto para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana. Saab recalcó que las atribuciones de la CPI son exclusivamente complementarias.
La CPI en estos momentos se encuentra en una fase preliminar, es decir que su investigación no ha concluido. En ese proceso se busca determinar si en Venezuela se han dado casos que puedan ser de su competencia. Asimismo, se busca investigar cómo han sido sancionadas esas presuntas violaciones.
Las sanciones son un crimen
Saab también aprovechó la oportunidad para exponer los daños ocasionados al país por el férreo bloqueo financiero impuesto por los EE.UU. «Igualmente se compartió avances sobre la denuncia realizada por el #Estado venezolano de las criminales consecuencias lesivas a los DERECHOS HUMANOS: de las numerosas medidas coercitivas unilaterales impuestas contra nuestro #PUEBLO por superpotencias mundiales«, explicó el Fiscal.
Las «sanciones» norteamericanas han provocado más de 40 mil fallecidos. Asimismo, como producto de esta política, la nación ha experimentado pérdidas económicas estimadas entre 100 y 150 mil millones de dólares.
La propia Bensouda, a pesar de su alta investidura en la Corte Penal Internacional, ha sido blanco de estas «sanciones» unilaterales. Ella y otro alto funcionario de la CPI han sido «sancionados» por investigar si los EE.UU. han cometido crímenes de lesa humanidad en su guerra contra Afganistán en 2003.
