Washington permite tener transacciones hasta finales de este año entre la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las empresas Chevron Corp, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes y Weatherford International. Así lo confirma una licencia emitida por el departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En medio de la aplicación de sanciones unilaterales y el bloqueo económico, la «Licencia General 8H», extiende hasta el 1 de diciembre el plazo para que algunas compañías reduzcan sus actividades con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pues la licencia previa autorizaba estas transacciones hasta el 3 de junio.
Esta sería la séptima extensión del permiso a estas empresas petroleras para operar en Venezuela, pese a las medidas coercitivas y amenazas de EE.UU. sobre las empresas y sus relaciones con PDVSA.
#URGENTE | EEUU autoriza las transacciones con PDVSA hasta el 1 de diciembre pic.twitter.com/zDzpYiJPJo
— REDRADIOVE (@RedRadioVe) June 1, 2021
Sanciones criminales
La incidencia de los elementos fundamentales que llevaron a Venezuela a sufrir un ataque devastador a su industria petrolera, a sus finanzas y a la economía del país, a través de las sanciones de Washington, han ocasionado la reducción de 99% del ingreso nacional en divisas y ha tenido un efecto devastador en el salario.
El actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami ha aseverado que las medidas coercitivas unilaterales, han evitado que compañías y socios estratégicos puedan realizar actividades asociadas al campo energético. Las empresas reciben amenazas de sanciones a cualquiera que interactúe con la industria estatal; lo que ha provocado la reducción del número de taladros, la anulación de nuevos pozos y la rehabilitación de pozos inactivos.
Cabe destacar que en enero de 2019, que luego de reconocer al diputado Juan Guidó como «presidente encargado» de Venezuela, estableció varias sanciones contra PDVSA, con el objetivo explícito de «ejercer presión» contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Las sanciones afectaron a las compañías de servicios petroleros, a las cuales EE.UU. les dio un plazo de 6 meses para terminar las operaciones con estatal venezolana. Tal decisión fue apelada por las empresas. La ampliación del plazo se ha ido renovando continuamente.
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