A través de un informe emitido por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, se dio a conocer los datos y denuncias conglomeradas por organizaciones de derechos humanos respecto a los métodos de represión policial que reflejan la gravedad de las consecuencias de las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado colombiano.
Algunos de estos métodos son detenciones ilegales, ajusticiamientos y desapariciones de los participantes de las protestas. Específicamente en Cali, que es el epicentro de las manifestaciones en Colombia, por parte de los miembros de la Fuerza Pública.
«Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños»; emite el comunicado.
Este comunicado recoge testimonios de personas que han hecho públicos sus denuncias. Exigen justicia y determinar la presencia de fosas comunes o sitios donde se hayan podido realizar detenciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Los hechos
Algunas de las fuentes citadas por el documento, informaron sobre el movimiento de camiones que, al parecer, «usa la policía para su movilidad»; donde se habrían llevado a jóvenes en un sector de estos territorios de Cali. Según, estarían descargando cuerpos de jóvenes ajusticiados de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que antes habían dado por desaparecidos.
Asimismo, el mismo informe habla de una versión más delicada de las operaciones de grupos de civiles armados protegidos por policiales que se habrían instalado en una casa de pique, que se trata de lugares utilizados para torturar, asesinar y desmembrar a personas; otra práctica común del crimen organizado y del terrorismo de Estado en Colombia.
«Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días; con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal»; reza el informe.
La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, indica que al menos 471 personas han sido desaparecidas en medio de las movilizaciones que iniciaron el 28 de abril. En este sentido alertó sobre la grave crisis de derechos humanos que vive el país neogranadino.
En su informe, reflejan los testimonios de víctimas de la represión policial que aseguran haber sido sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; además de violencia sexual y de género.
Los homicidios son cometidos en medio de una decisión del gobierno nacional; pero también de los mandos de la Fuerza Pública de promover un uso desproporcionado de la fuerza y tolerar el uso armas de fuego como método de terror contra la protesta social. En más del 50% de los homicidios, familiares y testigos han señalado responsabilidad material de agentes de la Fuerza Pública. En 25% de los casos no se ha señalado a un presunto responsable.
