La contraposición de ideas es sin duda el motor de la política como filosofía y como práctica, por lo cual no debería representar un problema ni una amenaza para la estabilidad de los gobiernos y pueblos democráticos. Sin embargo, cuando un sector político dedica demasiado tiempo y esfuerzo en exacerbar las diferencias al punto de transformarlas en acciones contra sus adversarios, resulta valido tomar cartas en el asunto; primero porque se pone en peligro la integridad de una parte de la población; y segundo porque se corre el riesgo de instauración de prácticas parapolíticas que a la larga atentan contra la República.
Por ello, es importante ver que las acciones de las que fueron víctimas los judíos y de las que son víctimas los Palestinos y las minorías Norteamericanas, no surgieron de la noche a la mañana, ni mucho menos se tratan de cuestiones aisladas, sino que representan la síntesis de operaciones psicológicas trabajadas por años dentro los centros de disputa de poder.
Acciones, que peligrosamente pretenden instalarse en Venezuela como parte de los atajos de la agenda opositora, que apela a la confrontación ante su imposibilidad de convencer a las mayorías; y que con la entrada de las redes sociales a la escena como dinamos de sus agendas y propagadoras masivas de mensajes, han colocado otras “cartas sobre la mesa”, avivando los escraches ya ensayados en el año 2016, con un plus de frustración ante la falta de resultados en las acciones del autoproclamado Juan Guaidó.
Para muestra un botón:
En este punto es importante aclarar, que aunque efectivamente la contraposición de ideas y modelos de desarrollo (Capitalismo-Socialismo) suponen una lucha irreconciliable, «en ninguna circunstancia está justificado el odio a las personas, lo siempre existe es un odio (entendido como deseo de evitar) justificado a las ideas o ideologías» (Gollwitzer), cuya comprensión y mitigación marca la diferencia en el sano ejercicio de la democracia.
Es decir que expresiones señaladas, no pueden ser vistas como simples oposiciones ideológicas, sino como invitaciones al exterminio de un seres humanos. Por lo que es válido pensar sobre los límites de la libertad de expresión ante el discurso extremista, racista y antidemocrático; discusión que evidentemente trasciende el campo de la filosofía política y se introduce en el ámbito del derecho, dejándonos como interrogantes:
¿Qué debe hacer un Estado ante tales acciones?
¿Cuál sería el daño social que justificaría el castigo de tales expresiones de intolerancia ?
