El enfrentamiento entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y el Poder Legislativo, explotó este domingo tras la militarización de el Parlamento, luego de una convocatoria fallida a una sesión extaordinaria que hiciera con el fin de buscar la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para financiar la tercera fase del plan de seguridad ‘Control Territorial’, que busca, según el ejecutivo, ‘fortalecer la seguridad del país y luchar contra las pandillas’.
Un gesto dictatorial, según opositores, que Bukele declaró como ”un derecho divino”, y luego de una oración en la que se basó par justificar su accionar, desconoció la figura del legislativo y la Constitución, desatando así una crisis institucional.
#ElSalvador Cada vez es más claro, si no ordenan toques de queda, ponen militares en las calles, reprimen a su pueblo y firman pactos con el FMI, el Banco Mundial y cuanto organismo internacional servilista a las oligarquías transnacionales, Estados Unidos no les da su bendición. pic.twitter.com/Nyix5DTREq
— Alina Duarte (@AlinaDuarte_) February 10, 2020
El crédito
El pasado 7 de febrero, la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobó un informe que declaró improcedente la convocatoria del presidente Bukele por carencia de argumentos. El parlamento consideró que ”los procesos de préstamos no constituyen emergencia nacional para convocatorias extraordinarias” y que la planteada, transgrede “la independencia de los Órganos del Estado”.
Pero, ¿por qué? El diputado Mario Ponce, presidente de la Asamblea, negó que el país padezca una “situación de catástrofe” que justifique este llamado urgente a los diputados, que exigen mayor transparencia sobre el uso de 109 millones de dólares pedidos por el Ejecutivo para la tercera fase del Control Territorial.
¿Qué busca? Una autorización para que el Ministerio de Hacienda negocie el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para financiar “movilidad estratégica” por más de 40 millones de dólares, que incluirían la compra de dos helicópteros, un buque y otros 25,9 millones serían destinados a infraestructuras y cámaras de videovigilancia, entre otros elementos. Lo que se traduce a una nueva deuda millonaria en nombre de la seguridad.
Curioso concepto constitucional de @CancillerAleHT. Sin embargo aquí no hay margen de errror @Almagro_OEA2015: en El Salvador, @nayibbukele, decidió intimidar al Congreso, rodeándolo e invadiéndolo con militares. Eso atenta contra la democracia y debe ser condenado sin ambigüedad https://t.co/tfNjtcCfav
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) February 9, 2020
Según la agencia rusa Sputnik, el sistema de videovigilancia que presuntamente instalaría una compañía mexicana de seguridad, le pagó un viaje en jet privado al viceministro de Seguridad Osiris Luna.
El plan golpista
Amparado en la ”palabra de Dios” que le ”pidió paciencia”, según expresó el mismo Bukele, incurrió contra el Parlamento instigando a las fuerzas policiales y militares a tomar el Parlamento, por lo que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido político de izquierda, denunció “la ejecución de un plan golpista por parte del actual Gobierno” y manifestó su “total rechazo a la violación de la Constitución” del país centroamericano “por parte del presidente”.
Además, el FMLN pidió a los organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), “estar vigilantes” ante la situación crítica del país suramericano, que había supuesto un “daño irreparable” a la democracia.
Incluso, el líder de ARENA (el partido conservador con más representación en el Parlamento), Carlos Reyes, hizo un llamamiento al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evitar “el rompimiento del orden constitucional en El Salvador” y que actúe para “suspender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso“.
Todos los medios, que no paran de hablar de Venezuela a mañana y tarde, guardan silencio ante el golpe de Estado que ha dado Bukele en El Salvador, al tomarse con militares la sede legislativa. Esos medios amanecieron hablando de Hollywood.
— RepúblicaDeLatinoamérica (@ManuelBeltrn14) February 10, 2020
Las denuncias contra las acciones de Bukele condensan señalamientos por violación constitucional, al Estado de Derecho, sumisión a los intereses de Estado Unidos y Golpe de Estado.
