Desde su autoproclamación como ”presidente encargado” de Venezuela a inicios del 2019, Juan Guaidó ha dejado en evidencia la posibilidad de una intervención militar, un positivo para injerencia, liderada por su titiritero Estados Unidos (EE.UU.), promoviendo así el caos y una clara violación a la autodeterminación y soberanía venezolana.
Pero, ¿estaría incurriendo a un delito internacional?
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), establecido en 1998 y en vigor desde el año 2002, tipificó cuatro delitos para la competencia de la Corte. El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra fueron definidos en los artículos 6, 7 y 8, respectivamente, dejando el crimen de agresión como el único tipo penal sin definir.
La Resolución 6 agrega un artículo 8 bis que establece “una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”.
Pese a no tener autoridad alguna porque aún como diputado de la Asamblea Nacional, está en desacato, Guaidó continúa incurriendo en criminalidad, al propiciar y negociar con el imperio norteamericano lo que sería una arremetida militar y acción bélica.
Así mismo la CPI, establece que “por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:” y enumera una serie de 7 clases de actos que constituyen el tipo penal al que nos referimos, entre los que se incluyen:
- La invasión de un Estado por otro.
- El ataque (por fuera de lo establecido en el Art. 51 de la Carta de la ONU) de fuerzas armadas de un Estado contra otras de otro Estado o contra la población civil de éste.
- Toda ocupación militar que derive de los actos anteriores y que implique el uso de la fuerza.
- El bombardeo.
- El bloqueo de puertos o de costas de un Estado.
- La utilización de las fuerzas armadas de un Estado que ese encuentren en un Estado extranjero con acuerdo de éste pero que exceda las condiciones pactadas entre ambos Estados incluyendo toda prolongación de la presencia en el territorio extranjero de fuerzas militares de un Estado foráneo.
- La disposición de un territorio propio de un Estado para que otro Estado pueda agredir a un tercero.
O el envío por parte de un Estado de grupos irregulares (generalmente denominados “paramilitares”) o mercenarios que lleven a cabo actos armados contra otro Estado.
En febrero de 2019, ante la pregunta de un periodista de la AFP sobre si ”autorizaría” una intervención militar a Venezuela, Guaidó aclaró que ”en Venezuela haremos todo lo que sea necesario”, por lo que no descartó la posibilidad de una intervención. Posición que ha reiterado una y otra vez, en algunos casos con más o menos ahínco.
Lo que sí queda claro es que Guaidó es un agresor criminal y violador del derecho internacional y lejos de pretender acabar con la ”crisis” en Venezuela, se consolida como un entreguista de la Patria.
