Nuevos hechos de corrupción se destapan en Colombia y colocan al presidente colombiano Iván Duque ante la justicia de su país.
Esta vez se trata de investigaciones abiertas en torno al Centro Democrático, partido político fundado por Álvaro Uribe, al cual pertenece el gobernante neogranadino.
La semana pasada autoridades judiciales actuaron mediante allanamiento en la sede de la agrupación política; señalada de comprar votos para Duque durante la campaña electoral del año 2018.
Además entre otras irregularidades, hay indicios de que la agrupación partidista también recibió recursos por parte de empresarios para la campaña presidencial de Duque.
Asimismo, en medios y agencias de noticias transcendió que sólo el magnate venezolano, Oswaldo Cisneros, presidente de la compañía de telecomunicaciones Digitel, habría otorgado 300 mil dólares.
Los señalamientos en torno a Cisneros, se conocieron mediante una conversación telefónica interceptada, entre la actual directora del partido, Nubia Stella Martínez y María Claudia Daza, asesoras de Álvaro Uribe Vélez.
La oposición colombiana critica fuertemente el hecho de que el partido de Iván Duque supo previamente del allanamiento; lo que pudo prestarse para la preparación y ocultamiento de posibles evidencias.
De igual forma, han señalado la supuesta cercanía existente entre el mandatario colombiano y el fiscal encargado de las investigaciones, Francisco Barbosa.
Burla a las instituciones
Otra evidencia de la desacertada política de Iván Duque; es la decisión de una corte que ordena el cese de operaciones de tropas estadounidenses en territorio colombiano.
Por ello, a finales de mayo pasado se destapó la polémica al conocer sobre la llegada de un nuevo contingente de militares de Estados Unidos; decisión que tomó el gobierno de Iván Duque sin el conocimiento del Congreso colombiano.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue emitida este 2 de julio para «ordenar al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia remita al Honorable Senado de la República, toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América».
Finalmente, la sentencia además señala la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de la brigada militar extranjera en Colombia; hasta tanto exista una autorización del Congreso de la República.
