Un grupo de abogados de Arequipa, denunció ante la Corte Penal Internacional a la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, por la presunta comisión de “crímenes de genocidio y lesa humanidad”, ocurridos durante las protestas en el país.
La denuncia también recae sobre el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello; y los exministros Pedro Ángulo, César Cervantes y Víctor Rojas.
Según la acusación hecha por los abogados, el actual gobierno “vienen ordenando y ejecutando una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil, generando un contexto en el cual se ha producido la muerte de más de 50 personas y miles de heridos”.
Asimismo, argumentan que, el Gobierno decretó el estado de emergencia con el fin de ejecutar «una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil».
Derechos humanos
En el documento también acusan a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de haber desmantelado «el subsistema de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo».
“Con la creación y división de algunas fiscalías se reduce la capacidad operativa para investigar las 52 muertes por disparos, durante las protestas», mencionaron los abogados.
Así como, a los congresistas Jorge Montoya y Patricia Chirinos; por calificar a los manifestantes de “terroristas y criminales”.
El fin de esta denuncia ante la Corte Pena Internacional, es lograr la condena de cada uno de los responsables; y se determine el pago de la reparación civil correspondiente.
Vale resaltar que, los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta, una Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, entre otras exigencias.