Organizaciones defensoras de migrantes demandaron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por el envío de inmigrantes desde Texas a una isla de Massachusetts.
El Southern Poverty Law Center y organizaciones defensoras de migrantes denunciaron a DeSantis y al secretario de Transporte de Florida, Jared W. Perdue, ante los tribunales federales de Miami, tras alegar que el programa de reubicación de inmigrantes de Florida es inconstitucional.
Vale recordar, que en septiembre pasado el gobernador de Florida ordenó el traslado de casi 50 migrantes, en su mayoría venezolanos; de San Antonio (Texas) a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
«La Constitución es clara: el poder único y exclusivo para regular la política de inmigración se otorga al Gobierno federal, no a los estados», explicó el abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, Paul Chavez.
Asimismo, las ONG añaden que el programa es discriminatorio y constituye una muestra de acoso de inmigrantes patrocinado por el estado por motivos de raza, color y origen nacional.
Añadieron que Florida está usurpando el papel exclusivo del gobierno federal en regular y hacer cumplir la ley de inmigración.
«El programa del gobernador DeSantis y el estado de Florida para usar fondos de los contribuyentes para la reubicación de ‘extranjeros no autorizados’; es un intento descarado e ilegal de hostigar a los inmigrantes a nivel estatal», agregó el abogado.
DeSantis enfrenta también una investigación por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. que averigua si el gobernador usó indebidamente dinero relacionado con el alivio federal de covid-19 para pagar los vuelos.
En Texas un alguacil abrió una investigación sobre el vuelo desde San Antonio y en Florida el senador estatal demócrata Jason Pizzo planteó una demanda para evitar que DeSantis use más dinero en la reubicación de inmigrantes, pero fue desestimada por motivos técnicos.
