La defensa del exministro de justicia de Brasil, Sergio Moro, solicitó este 12 de mayo sea divulgado un video en el que quedaría comprobado que el presidente Jair Bolsonaro intentó “interferir” política e ilegalmente en la Policía Federal (PF).
El video en cuestión es de una reunión de Jair Bolsonaro con un grupo de ministros, celebrada el 22 de abril pasado (dos días antes de la renuncia de Moro). Fue grabado en la sede de la Presidencia y analizado este martes en el marco de una investigación que intenta determinar si el mandatario incurrió en algún delito, tal y como plantea Moro, quien renunció al Gobierno por esas supuestas “interferencias”.
La filmación, en la que según Moro participaron tres ministros, fue enviada al Supremo Tribunal Federal y el ministro Celso de Mello, decano de esa Corte Superior, autorizó a que las partes de la investigación tengan acceso a la grabación con las actas de la cita ministerial en Planalto.
El material audiovisual de la reunión sigue siendo confidencial. «Es extremadamente relevante y de interés público que salga todo este video. No menciona ningún tema sensible a la seguridad nacional ”, argumentó el abogado de Moro, Rodrigo Sánchez Ríos.
Entretanto, en declaraciones a periodistas después del pedido de la defensa de Moro, Bolsonaro negó que en ese encuentro con ministros se haya referido a la Policía Federal. Aseguró que el video “no puede ser divulgado por cuestiones de confidencialidad” y hasta sostuvo que debería haber sido “destruido”, sin precisar por qué.
Medios locales han informado que la grabación pudiera realmente poner en problemas al mandatario brasileño, porque en esa reunión ministerial habría dejado en evidencia que pretendía cambiar al superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro para “proteger a su familia” de una supuesta “persecución”, específicamente contra dos de sus hijos, el senador Flavio y el concejal Carlos.
En el marco de esa investigación, está previsto que declaren ante la Justicia, bajo secreto de sumario, los ministros de la Presidencia, Walter Braga Netto; Seguridad Institucional, Augusto Heleno, y Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos.
En el caso de que las investigaciones concluyan la responsabilidad de Bolsonaro ante las acusaciones, la Fiscalía General debería presentar una denuncia formal al Supremo Tribunal Federal, que a su vez debería pedir autorización a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso correspondiente.
En ese extremo, si se aceptara una eventual denuncia, Bolsonaro sería separado del cargo durante los 180 días que duraría el juicio y sustituido por el vicepresidente Hamilton Mourao, quien concluiría el mandato que vence el primero de enero de 2023, si el gobernante fuera hallado culpable.
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