La DEA (Drug Enforcement Administration), conocida en español como Administración para el Control de Drogas, fue creada en 1973 durante la presidencia de Richard Nixon con la misión de reprimir y disminuir el suministro, distribución y consumo de narcóticos en Estados Unidos, para lo cual, con el paso del tiempo, ha suscrito programas conjuntos con otros países, en especial con los de América Latina.
Su sede se ubica en un edificio del condado de Arlington, estado de Virginia, y es una agencia del Departamento de Justicia de EE.UU. Cuenta con 227 oficinas de campo y tiene presencia en 66 países. Tiene más de 10 mil 800 empleados, de los cuales 5 mil 500 son agentes especiales. Además, cuenta con un presupuesto de alrededor de 3 mil millones de dólares anuales.
Según sus documentos oficiales, la misión de la Administración de Control de Drogas (DEA) es hacer cumplir las leyes y regulaciones de sustancias controladas de EE.UU. y llevar al sistema de justicia penal y civil de su país, o cualquier otra jurisdicción competente, esas organizaciones y miembros principales de las organizaciones, involucrados en el cultivo, fabricación o distribución de sustancias controladas que aparecen o están destinadas al tráfico ilícito en los EE.UU.
Entre sus responsabilidades manifiestan la potestad de enjuiciamiento, así como la incautación y decomiso nacional e internacional de lo que denominan «activos derivados», destinados a ser utilizados para el tráfico ilícito de drogas.
La historia de incursiones en América Latina, pone en entredicho el rostro institucional de la DEA.
La lista de la injerencia de EE.UU. en América Latina y el Caribe, mediante el empleo de su Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como de otros servicios especiales como la DEA y sus fuerzas armadas es aún mas larga, incluso respaldada por documentos oficiales desclasificados por las autoridades yanquis:
- Operación Cóndor -década de los 70 y 80-. EE.UU. promovió y apoyó las dictaduras de Hugo Banzer en Bolivia (1971-1975), Ernesto Geisel en Brasil (1974-1979), Augusto Pinochet, Chile (1973-1990), Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), Juan María Bordaberry en Uruguay (1973-1976) y Jorge Rafael Videla, Argentina (1975-1978).
- La Operación Cóndor trabajaba como una red clandestina de las dictaduras para perseguir, vigilar, torturar, asesinar y desaparecer a grupos subversivos. Esta operación también incluyó labores en el Caribe, Venezuela, y demás países de la región, donde se persiguieron y asesinaron a miles de comunistas.
- Chile, 1973. El militar Augusto Pinochet toma el poder tras ejecutar un golpe de Estado apoyado por la CIA en contra del presidente electo socialista Salvador Allende.
- El Salvador, 1980. EE.UU. incrementa la asistencia masiva a los militares de El Salvador que se enfrentan a las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
- Nicaragua, 1981. La administración del presidente de EE.UU., Ronald Reagan, inició su guerra contra el sandinismo y autorizó a la CIA recursos por 19,5 millones de dólares para crear la llamada Contra, fuerza paramilitar, compuesta de antiguos miembros de la Guardia Nacional de la derrocada dictadura de Anastasio Somoza Debayle.
- Granada, 1983. 7 mil soldados norteamericanos invadieron la isla para derrocar a su presidente Maurice Bishop. La operación fue denominada «Furia urgente».
- En 1994 miles de militares estadounidenses invaden Haití con el pretexto de garantizar la transferencia de poder de la cúpula golpista, encabezada por el general Raúl Cedras, al presidente electo Jean Bertrand Aristide.
- Haití, 2003. El presidente Aristide fue derrocado por un golpe militar apoyado por EE.UU. después de 8 meses en el cargo.
- En 2004, lanzaron una campaña de violencia para desestabilizar Haití, que proporcionó el pretexto para que las fuerzas estadounidenses entraran en el país caribeño y quitaran a Aristide de la presidencia del país.
- Honduras, 2009. EE.UU. apoya a sectores opositores hondureños para iniciar una crisis política en los poderes hondureños. Finalmente, el 29 de noviembre del 2008, secuestran al presidente Manuel Zelaya y colocaron como jefe de Estado impuesto por EE.UU. a Porfirio Lobo, quien fue reconocido por Washington inmediatamente.
- Ecuador, 2010. Una supuesta revuelta policial contra una ley salarial fue la excusa para emprender un golpe de Estado contra el presidente, Rafael Correa, con el auspicio de EE.UU.
- Paraguay, 2012. Se ejecuta el primer golpe parlamentario en la región. Esto auspiciado bajo la figura del «lawfare» o persecución judicial. Ese año la víctima fue el presidente socialista Fernando Lugo, quien fue depuesto de su cargo en un juicio político irregular impulsado por la derecha paraguaya y apoyado por EE.UU.
- Brasil, 2016. Se ejecuta el segundo golpe parlamentario en la región. Se destituye a la presidente Dilma Rousseff de la presidencia y se fragua el golpe de Estado al colocar al dictador Michel Temer.
Intervenciones a nombre de la lucha contra el narcotráfico
Panamá
En 1989 el presidente George H.W. Bush ordenó la invasión de Panamá con la excusa de arrestar a quien fuera su protegido, el general Manuel Antonio Noriega, presidente de Panamá. Noriega, de ser uno de los más fieles colaboradores de la CIA y la DEA, y de haber financiado a la guerrilla antisandinista en Nicaragua, pasó a convertirse en enemigo de Washington.
Al «agotarse la vía diplomática», el expresidente de EE.UU. George H.W. Bush, recuerda las razones para la orden de invasión a Panamá en 1989, luego de que Noriega traicionara los intereses de Washington en el negocio del narcotráfico en la región.
Al agotarese la vía diplomática, el expresidente de EEUU George H.W. Bush, nos recuerda las razones para la orden de invasión a Panamá en 1989 @rafaelarraiz @LuisAHerreraO @miguelhotero @gruporinoco @MariaCorinaYA @CEDICE @CSIS @venelibertario Detalle https://t.co/4jgMFVr0Ux pic.twitter.com/AFAcpxugDN
— Robny Jauregui (@RobnyJauregui) June 5, 2019
«No es un hecho desconocido que Noriega era un militar que estaba al servicio de la inteligencia estadounidense», dice Víctor Manuel Ortiz Salazar, historiador y coordinador de investigación en el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. «Hay biografías que comentan que, desde antes de ser militar, ya estaba al servicio de la CIA».
«Él fue acusado de narcotráfico, de terrorista, de dictador. Con la particularidad de que era un dictador entrenado en Estados Unidos y que su figura fue alimentada por la propia agencia estadounidense, por eso fue un militar de confianza para Bush», añade el investigador basándose en documentos de la propia CIA que salieron a la luz pública.
El 20 de diciembre de 1989 se ejecutó la invasión, denominada “Causa Justa”, que involucró a 26 mil soldados estadounidenses, además de las tropas que habitualmente permanecían en las bases cercanas al Canal de Panamá. La operación dejó unos 3 mil panameños asesinados.
La invasión del 89 no solo le permitió a EE.UU. derrocar a Noruega, sino también liquidar a las Fuerzas Armadas de Panamá, su base de apoyo, explica el sociólogo Castro Herrera.
Eran las Fuerzas de Defensa de Panamá que el propio Noriega había creado bajo el emblema «Todo por la patria».
Los miembros del ejército -15 mil efectivos- fueron desmovilizados y reemplazados en 1989 por una suerte de fuerza policial armada. Y es que desde 1990 Panamá no volvió a tener ejército. Ocurrió una «reinvención» en las autoridades policiales del país, pero con otra ideología. En su lugar se formó la Fuerza Pública panameña.
No obstante, documentos secretos revelados mucho tiempo después daban cuenta de las verdaderas intenciones de la Casa Blanca con esta operación. Una de ellas era abrogar los tratados que involucraban al Canal de Panamá, y asegurar su control más allá del año 2000, y por otra parte, cancelar los contratos con Japón para las alternativas al Canal y cortar su ascenso al poder mundial.
Un estudio del Instituto noruego para Investigación en Economía y Administración de Negocios (SNF) destacó que en el sector financiero la gran mayoría del dinero «es de origen estadounidense, lo que convierte a Panamá en el mayor paraíso fiscal con influencia estadounidense».
De este modo, durante los primeros años del segundo milenio, miles de empresas se radicaron en el país, y cientos de multinacionales se han instalado.
Esta realidad contrasta con los índices de pobreza que exhibe Panamá. En las ciudades panameñas actualmente coexisten los grandes rascacielos, propiedad de lucrativas empresas, y las paupérrimas viviendas de los ciudadanos comunes.
En 1997, 37,3 % de la población estaba en condición de pobreza, incluyendo 18,8 % en pobreza extrema. En 2017, la situación no había cambiado mucho, pues de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza se mantenía en 20,7 % más 9,8 % de pobreza extrema, o sea, una tasa general de 30,5 %.
Bolivia
El gobierno del presidente Evo Morales, en 2008 logró abortar un golpe militar que amenazaba la democracia de ese país. La intentona fue planificada y promocionada por el gobierno de EE.UU.
El año de mayor participación en el PIB de la economía de la coca, las estimaciones iban desde un 53, 4% a un 64,6%. Gregorio Lanza (1999) en su estudio «La coca prohibida», estima que la economía ilegal de la coca habría sustentado los ajustes estructurales de la economía boliviana, por lo que la erradicación constituía un golpe no sólo a los campesinos cocaleros, sino también a Bolivia en general.
El tema de la militarización de las zonas cocaleras y la presencia de fuerzas de la DEA en el país con completa impunidad hizo reafirmar el tema de la soberanía nacional y el intervencionismo norteamericano, que se veía en la resignificación de la hoja de coca: «debe haber relaciones siempre para buscar en nuestro país algunas mejoras, puede ser intercambio de productos, intercambio de ideas, así, pero no, no, no esa relación para someter a un país al ver que es pobre, que tiene poco progreso, que es lo que hace Estados Unidos con Bolivia y otros países, es someter con los préstamos que hace, de esa forma dejarnos a nosotros dependientes siempre y él siempre quiere mandar, y siempre quiere hacer lo que quiere en nuestro país, esas cosas no debía de haber» (entrevista a Wilde Moscoso; dirigente cocalero, 2003).
La instalación de bases militares norteamericanas, la presencia de la DEA en la erradicación fue leída desde este lugar por las organizaciones sociales, las que la interpretaron como un neocolonialismo activando la memoria de esa guerra colonial inconclusa que subsiste en la «nación invadida», se produce una «emergencia de una interpretación de la historia boliviana como una perpetua prolongación de esa derrota inicial, como un tránsito del colonialismo español al colonialismo interno», refiere Pablo Stefanoni en su trabajo «Hegemonía, discursos y poder» del año 2003.
En noviembre de 2008 el presidente Evo Morales expulsó a la DEA de su país.
La decisión de expulsión se tomó por el trabajo de espionaje político y financiación a grupos delincuenciales por parte de agentes de EEUU.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 3, 2017
El mandatario reveló en 2008 que la DEA había financiado las tomas de los aeropuertos, promovida por cívicos de las localidades de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, cuando instaban a un golpe en su contra.
Según el portal web América Latina en Movimiento, de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), mientras la DEA estuvo en Bolivia «las zonas cocaleras eran severamente controladas, los campesinos reprimidos, sus pocas posesiones secuestradas con y sin motivo, pero las incautaciones eran verdaderamente raras».
Es importante señalar que la hoja de coca es un cultivo de arraigo cultural en los bolivianos, que posee nutrientes y minerales con efectos terapéuticos.
Este cultivo es procesado por el narcotráfico, fuera de Bolivia, para la producción de cocaína.
El mayor productor de esta sustancia en el mundo es Colombia. Y el mayor consumidor, EE.UU.
Tras la salida de la DEA en Bolivia, Morales anunció que los organismos policiales multiplicaron la cantidad de droga y narcotraficantes capturados.
El presidente boliviano aseguró que mediante las políticas que aplicó su Gobierno –la principal, la expulsión de la DEA–, Bolivia logró “disminuir desde 2011 a 2014 en un 34% el cultivo de coca, alcanzando sólo una superficie neta de 20 mil 400 hectáreas».
Bolivia inició su propia estrategia contra las drogas en 2009, lo que originó que en septiembre de 2016 medios internacionales como The New York Times destacara la lucha antidroga de la nación suramericana. Adicionalmente, este medio afirmó que la acción efectuada era «más prometedora» que la implementada por el Gobierno de EE.UU.
Colombia
El Plan Colombia es un acuerdo bilateral militar suscrito en el año 1999 entre los gobiernos de Colombia y EE.UU., durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana y el estadounidense Bill Clinton con 3 objetivos específicos: «generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos.»
En lo concreto, el plan es una fachada que encubre la implantación de fuerzas armadas estadounidenses en Colombia, por lo que destaca su alto contenido geopolítico.
La dirección de las operaciones militares estuvieron a cargo del general Barry McCaffery, ex comandante en jefe de las fuerzas militares estadounidenses en América del Sur, y nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en enero de 1996.
Entre las acciones asumidas por McCaffery están: la implementación del uso de paramilitares contra la guerrilla de las FARC-EP. Además, se planteó «priorizar» la modernización del Ejército colombiano con el pretexto del combate a la drogas, pero lo que realmente ocurrió fue un aumento de efectivos civiles -mercenarios- y militares estadounidenses (sumándose la implementación de 7 bases militares) en territorio colombiano quienes participan cada vez más en el combate contra la insurgencia.
El Plan Colombia ha sido ganancia para EE.UU. ya que le permitió arraigar su intervencionismo político, económico y militar en América Latina, sin cumplir con su «objetivo público» de erradicar el narcotráfico; ni su verdadero «objetivo oculto» de aniquilar a los movimientos insurgentes de Colombia.
EE.UU logró la injerencia en los yacimientos de petróleo e impedir toda negociación con las guerrillas. Con más de 300 infraestructuras estratégicas en Colombia, EE.UU., destinó en febrero de 2002 unos 100 millones de dólares para garantizar la protección de dichos sitios contra la guerrilla. Además, mantiene la alianza de Colombia para seguir con el Tratado de Libre Comercio (TLC), la extracción de petróleo, carbón, oro y minerales estratégicos.
Otro de los beneficios es la adquisición de materias primas a bajo costo y asegurar la inversión de capitales extranjeros. Recordando que Colombia se ubica en la región andino amazónica, de las más ricas del mundo en lo concerniente a diversidad biológica, fuentes de materia prima de la industria de la ingeniería genética y la biotecnología que está muy desarrollada en EE.UU.
Las consecuencias de este plan, pobreza en la nación neogranadina, agudización del paramilitarismo, aumento del número de víctimas, desplazamiento y desapariciones forzosas, además de provocar el problema de los «falsos positivos» e incitar la guerra y el odio. Paradojicamente, desde que inició el Plan Colombia, aumentó la producción y distribución de cocaína en Colombia.
La inversión en el Plan Colombia llegó a US$ 16.940 millones (cifra que resulta de sumar la inversión hecha por EE.UU. de US$ 9.940 millones en asistencia militar e institucional y los US$ 7.000 millones con los que se comprometió Colombia), de acuerdo con un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia.
Venezuela
En 2005, la DEA fue expulsada de Venezuela por el Gobierno del Comandante Hugo Chávez, tras conocerse que sus agentes participaban en prácticas de narcotráfico y espionaje, entre otros actos ilegales.
En julio de 2005 el vicepresidente venezolano de ese entonces, Ramón Carrizales, dijo: «Cuando estuvo en plena ejecución el convenio con la DEA, la incautación de droga no superaba las 27 toneladas anuales. Salió la DEA y comenzamos a capturar un promedio de 43 toneladas al año«.
En 2015 el gobierno del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que las autoridades policiales han logrado decomisar un promedio de 55,7 toneladas al año, lo que representa un aumento del 60% de eficiencia en comparación con el momento de las operaciones de la DEA en ese país hasta 2005, según publicó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
La campaña contra la Revolución Bolivariana, cuajada durante años en los centros internacionales del poder, ha tenido como base la construcción de un enemigo para la región y el mundo: el narcotráfico.
Esta campaña está sustentada en los tratados de seguridad hemisférica elaborados por Estados Unidos desde 1962, sobre los cuales despliega su doctrina de seguridad. América Latina, según esta doctrina, es una zona llena de delincuencia, corrupción y narcotráfico; y por lo tanto Estados Unidos debe «liberarla» como su destino manifiesto.
Esto justifica la última acción imperial que amenaza la paz de Venezuela. El magnate Donald Trump (en medio de la pandemia mundial que tiene a EE.UU. sumergido en una crisis sin precendentes), ha desplegado una campaña a través de la cual declara al Presidente Nicolás Maduro, como «narcoterrorista»; ofreciendo una cantidad de 15 millones de dólares por su captura. Asimismo, ofrece 10 millones de dólares por la captura de principales dirigentes de la Revolución como Diosdado Cabello (Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela) y Vladimir Padrino López (Ministro del Poder Popular para la Defensa).
El verdadero propósito
Los norteamericanos poseen en la región latinoamericana más de 14 bases militares incluyendo tres en Centroamérica (Sotocano en Honduras, Comalapa en El Salvador y Liberia en Costa Rica) y otras más en Colombia. Está claro que la DEA es un mecanismo de control del «patio trasero» y no de combate al narcotráfico. EE.UU. persigue:
- Mantener la hegemonía en la región.
- Frenar las relaciones de países latinoamericanos con China, Rusia e Irán.
- Desarticular el surgimiento de fuerzas patrióticas y movimientos populares revolucionarios.
- Debilitar a los gobiernos de izquierda e impedir el surgimiento de otros.
- Enfrentar la proliferación de estados latinoamericanos revolucionarios, los llamados “populistas radicales”, dentro de los que están considerados los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
- Apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras venezolanas.
