Durante la mañana de este miércoles, el gobierno de México demandó a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos.
La demanda sin precedentes, presentada ante una Corte Federal de Massachusetts en Boston, EE.UU., señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales «negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México».
Esto incluye la demanda
El litigio incluye como demandadas a fabricantes y distribuidores de fusiles antimaterial calibre .50 y rifles de asalto como los AR-15 y WASR-10, modelos que frecuentemente son decomisados por autoridades mexicanas.
«Las empresas lo saben. Argumentan que cuando (las armas) salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de si alguien llega y compra cinco Barretts 50″, manifestó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ante la negativa de estas fábricas de armas de asumir su responsabilidad en el tráfico ilegal de armas.
Presentamos demanda contra fabricantes y vendedores de armas utilizadas para segar vidas en México. Buscamos reparación del daño y que abandonen su negligencia e irresponsabilidad. Será resuelta en los tribunales de Boston, EU. pic.twitter.com/i1OLojgUAl
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 4, 2021
Influencia en delitos
Según datos del propio ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México.
El secretario adjunto de la secretaría de Exteriores mexicana, Pablo Monroy Conesa, explicó en una serie de tuits, que México argumenta que estas empresas demandada incurren en prácticas negligentes en el diseño (falta de elementos de seguridad/trazabilidad), publicidad (énfasis en letalidad y grado militar; publicidad dirigida a grupos delictivos) y venta (a prestanombres y compradores recurrentes; no revisión de antecedentes; venta fuera de inventario; ventas múltiples, etc.) de armas. De esta manera, ello facilita su trasiego al país centroamericano y su empleo en la comisión de delitos que causan severos daños a la población y gobierno.
Asimismo explicó que la principal motivación del gobierno mexicano sobre esta acción, yace en que las empresas adopten estrictas medidas de auto-regulación para evitar el mercado ilícito, y así disminuir el poder de fuego de grupos criminales que ejecutan delitos dentro del territorio mexicano.
De igual manera detalló que el tráfico ilegal de armas provenientes desde EE.UU. radica en afectaciones directas de proyectos de vida; así como a familias y comunidades truncadas y altos costos por atención médica. De igual forma «afectación a infraestructura y equipos de seguridad, y pérdida de ingresos por comercio y turismo, entre otros. Cálculos conservadores arrojan que los daños podrían alcanzar 6% del PIB».
