CPI en silencio mientras Venezuela reestructura 2 instituciones como prueba de buena fe

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Un cuarto informe entregó el Ministerio Público a la Corte Penal Internacional (CPI) en respuesta a todos los requerimientos realizados por el organismo internacional en un escrito fechado el 2 de octubre de 2020, sobre los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por efectivos de cuerpos de seguridad.

«En este informe se hace un relato más extenso sobre algunas causas denominadas como emblemáticas y los avances procesales desarrollados en las mismas, incluyéndose incluso algunas incoadas con posterioridad a los sucesos de 2017 (manifestaciones), con el objeto de acreditar el normal desarrollo y funcionamientos de las instituciones venezolanas»; señala el comunicado difundido por el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

De la misma manera, el texto explica que se han realizado avances en materia legislativa y de renovación de las instituciones. Ello en el cumplimiento del compromiso adquirido en el primer informe.

«En esta ocasión se documentan dos importantes cambios que afectan al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), relativos a la nueva adscripción de dichos servicios y su reestructuración». Describe el comunicado refiriéndose a los cuerpos de seguridad inmiscuidos en la investigación de la CPI.

El fiscal agregó que el Ministerio Público y las autoridades venezolanas van a «continuar proporcionando a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional todos los datos y pruebas que demuestran la voluntad de procurar una tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos, a los fines de facilitar la labor de esa institución«.

Los casos

En febrero de 2018, la CPI abrió un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad; tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a dirigentes opositores. Por estas razones se exponen los informes de la fiscalía venezolana en los que se presenta una reestructuración de las instituciones de seguridad e inteligencia y avances importantes en las investigaciones.

En este contexto, es necesario recalcar que el tribunal internacional lleva dos casos referentes a Venezuela:

Venezuela I: referido a denuncias de presuntos delitos cometidos por el Estado.

Venezuela II: se trata de la denuncia que realizó Caracas contra la administración de Estados Unidos; causante violaciones masivas de derechos humanos por imponer medidas coercitivas unilaterales que afectan al pueblo venezolano.

 

 


 

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