Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional Ley de minería

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Este martes, la Corte Suprema de Panamá declaró “inconstitucional” el contrato de concesión que permite a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals operar en el país por 20 años. La aprobación de esta ley en el Congreso desató intensas protestas por más de un mes.

“Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo que significa que la ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, anunció la presidenta del máximo tribunal, María Eugenia López tras 4 días de deliberaciones entre los 9 miembros del tribunal.

Entretanto, López indicó que el secretario general, de conformidad con el Código Judicial, procederá a realizar las notificaciones correspondientes. “Una vez quede ejecutoriada la sentencia, se procederá a emitirla para su publicación en la Gaceta Oficial”, agregó.

“Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños, con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia, que Dios bendiga a Panamá”, cerró la magistrada en referencia a la celebración este 28 de noviembre de la declaración de independencia de Panamá.

“Acato la decisión”

Tras conocer el fallo de la Corte Suprema de Panamá, el presidente Laurentino Cortizo aseguró que respetará la decisión sobre el contrato minero.

“Como Presidente de la República, siempre respetuoso de la separación de los poderes del Estado y de nuestra Constitución, recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en su fallo de hoy, sobre la Ley 406 del contrato minero”, escribió Cortizo en su cuenta de la red social X. 

Asimismo, el mandatario nacional, reiteró al país su “total convicción sobre el valor de la justicia, como columna vertebral de la democracia.

Mientras que la empresa, que ha invertido en Panamá unos 10 mil millones de dólares, notificó al Gobierno que presentará “demandas arbitrales”, al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá en vigor desde 2013, aunque espera que la situación se resuelva mediante el diálogo.

Es importante mencionar que las manifestaciones dejaron 4 muertos, un paro de docente que dejó sin clases en el último mes a cerca de 800 mil estudiantes, y un descalabro económico por los bloqueos de vías liderados por grupos indígenas y sindicatos.

 

 


 

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