A la pregunta de si un país extranjero puede imponer un candidato presidencial en otro país, nuestra afirmación es: ¡No! En el caso de Venezuela, las acciones agresivas de Estados Unidos han sido objeto de atención en los medios de comunicación, especialmente en relación con la decisión del poder judicial de ratificar la inhabilitación de la señora Machado para presentarse a las elecciones presidenciales. El cuestionamiento injerencista que emana de Washington a la democracia venezolana tiene un horrible tufo a intervencionismo y todas las formas de una desvergonzada extorsión política contra nuestra soberanía.
Pocos periodistas han analizado la intención de la Casa Blanca de imponer a una de sus agentes como candidata en las elecciones de 2024 en Venezuela. Esta situación plantea una serie de preguntas sobre la soberanía, la autodeterminación y el respeto a las instituciones democráticas de nuestro país.
¿Qué país debería tolerar una imposición de candidatos y normas desde el extranjero? Esta es una pregunta que subraya la gravedad de la situación. Desde la fundación de la República Bolivariana de Venezuela, seis administraciones de la Casa Blanca han intentado tomar el poder en Venezuela a través de la violencia, el financiamiento de políticos de ultraderecha y la imposición de medidas coercitivas unilaterales (sanciones). El gobierno estadounidense se ha empeñado en imponer sus intereses, de mil y una maneras, sobre la soberanía venezolana, siguiendo su doctrina Monroe que considera a la América Latina y el Caribe como su “patio trasero” contentivo de recursos naturales para su consumo sin retribución.
Sin embargo, con el poder de la revolución bolivariana consolidado a lo largo de 25 años, Venezuela no ha permitido ni tolerará esta barbaridad. La revolución bolivariana ha sido un proceso de transformación social y política que ha desafiado las intervenciones extranjeras y ha buscado construir un modelo de desarrollo basado en la justicia social y la soberanía nacional, con instituciones firmes, democráticas y sólidamente fundadas sobre la base de la legalidad emanada de nuestros poderes públicos.
La señora Machado está legalmente (y moralmente) incapacitada para aspirar a la presidencia de Venezuela, o a cualquier otro cargo público, por razones establecidas en la ley venezolana. Su caso ha sido estudiado exhaustivamente por el Poder Judicial del país, que ha concluido que no tiene las cualidades para formar parte del Estado. En otros países, donde se ha inhabilitado a políticos por menos hechos que los cometidos por esta agente pro estadounidense, las administraciones imperialistas han guardado silencio y complicidad.
Ahora bien, cuando se trata de una de sus funcionarias más destacadas, que ha estado preparando intervenciones y sanciones contra Venezuela, sus acciones contra el país se intensifican. Este doble rasero es un claro indicativo de la hipocresía y la falta de respeto a la soberanía de nuestro país que emana de la soberbia imperialista.
Venezuela, con sus poderes bien definidos y respetando la legalidad y la soberanía expresada desde el pueblo y sus instituciones, ha decidido que no será una administración extranjera, de un imperio decadente, la que determine las normas electorales, ni de ninguna otra índole de nuestro país. Las acciones del Estado venezolano son una afirmación poderosa de la autodeterminación y la soberanía nacional, y un rechazo a la interferencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. En última instancia, la decisión de quién puede y quién no puede presentarse a las elecciones presidenciales es tomada por los venezolanos y sus instituciones, no por un país extranjero.
CÉSAR TRÓMPIZ
