Confirman graves afectaciones a pueblos indígenas durante Paro Nacional en Colombia

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En el marco de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia del 8 al 10 de junio, con el propósito de observar la situación de derechos humanos ante las protestas iniciadas el 28 de abril, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó el informe ejecutivo sobre las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas a manifestarse libremente en exigencia de sus garantías.

Desde el pasado 28 de abril, cuando inició en Colombia el llamado Paro Nacional, los pueblos indígenas han sido uno de los más afectados por la brutal represión policial; denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional. En este sentido, el comunicado emitido por la ONIC, manifiesta que  «la Policía Nacional en uso de sus facultades intervino, en muchos casos, de manera arbitraria y haciendo uso desproporcionado de la fuerza».

En este contexto, aseguran que el pueblo ha sido objeto de represión excesiva por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) sin justificación. Y además con nulas garantías el acercamiento para un diálogo efectivo. A esta situación se une el hecho de que por orden presidencial, la Policía cuenta con acompañamiento militar.  Ambos han atacado la protesta social que ha sido estigmatizada y criminalizada por parte del Ejecutivo de Iván Duque.

En efecto, según este documento se contabilizan 2 homicidios a indígenas en el marco de la protesta social.  Dichos homicidios ocurrieron en las localidades de Yumbo y Cali. Ambos fueron perpetrados con armas de fuego en el ejercicio de dispersión de la policía a reuniones pacíficas.

A esto se suman 3 agresiones físicas; 159 víctimas de hostigamientos y 21 víctimas de atentados; de acuerdo el Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC.

«Esto nos indica la extrema gravedad en la que se encuentra nuestra vida y la integridad física y cultural de nuestros pueblos. Vemos con preocupación que estas cifras junto con aquellas de otras organizaciones no gubernamentales son ignoradas y desatendidas por el Estado colombiano en cabeza de la Presidencia»; establece el comunicado.

 


 

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