Con la captura de un exfuncionario policial avanzan las investigaciones tras la aparición de la joven venezolana, Franyeli Guerrero; a quien el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas rescató sana y salva la semana pasada, tras 4 meses de secuestro.
Se trata de Ernesto Sierra, quien trabajó en cuerpos de seguridad, es abogado y además propietario de la finca La Corraleja, ubicada en el municipio Rojas del estado Barinas; región llanera donde antisociales se llevaron por la fuerza a la mujer de 24 años a finales del mes de diciembre de 2021.
Con este paso, se espera que los órganos que adelantan la investigación obtengan mayores datos para establecer responsabilidades y precisar el móvil del crimen. Afortunadamente tras una minuciosa investigación el CICPC logró devolver a la víctima con sus familiares.
Según versiones que circularon por medios de comunicación y redes sociales, el expolicía Ernesto Sierra tiene antecedentes en otras averiguaciones, también por denuncias relacionadas al delito de secuestro.
Tras la pista
Para despejar las incógnitas que se mantienen en torno al caso del secuestro de Franyeli Guerrero en el estado Barinas, los organismos de seguridad siguen tras la pista de más implicados; así como autores intelectuales y materiales del hecho.
Es por ello que trabajan, incluso, la hipótesis de que haya personas del entorno familiar o círculos cercanos a la víctima; que tengan relación con la planificación y ejecución del delito. De hecho, existen indicios de que es así, pero el CICPC y el Ministerio Público no han revelado información al respecto.
De confirmarse esta versión, se trataría de una persona que conoce en detalle los movimientos de Franyeli Guerrero; además de tener experiencia en acciones militares, policiales, con conocimiento en armamento y estrategia para acciones de ese tipo.
Hasta la fecha, se habla de 4 sospechosos detenidos y todo indica que finalmente las autoridades darán con el paradero de los integrantes de una banda organizada a la cual pertenecería ese sujeto cernado al entorno familiar de la víctima.
Igualmente se supo que mientras permaneció el cautiverio, los secuestradores se comunicaban frecuentemente con los familiares de la muchacha, a quienes exigían el pago de 750 mil dólares para su liberación.
