El opositor Leopoldo López insistió en librarse de cualquier responsabilidad en torno al robo de la empresa venezolana Monómeros, con sede en Colombia; por parte del grupo de ultraderecha que él mismo dirige en alianza con Juan Guaidó en complicidad del gobierno de Iván Duque.
Con esto, López respondió acusaciones que emitió Humberto Calderón Berti; a quien en su momento el propio Guaidó “designó” como su embajador ante la administración colombiana. Ahora, Calderón irrumpe frecuentemente con declaraciones en las cuales condena la actuación de esa facción oposicionista con respecto a los activos de la nación en el exterior.
Para López, los señalamientos de Calderón Berti constituyen “declaraciones totalmente infundadas”. Asimismo, culpó de la quiebra de la multimillonaria empresa de agrofertilizantes que opera desde Barranquilla, a la gerencia de la misma; aunque no menciona que se trata de la directiva que él mismo puso allí en asociación con Juan Guaidó.
“No hay ninguna responsabilidad directa, en la administración de esa empresa, de alguien distinto al gerente que es el que ha estado allí”; manifestó Leopoldo López al ser abordado por periodistas en Miami, Estados Unidos.
De igual forma, el jefe del movimiento Voluntad Popular, quien se mantiene prófugo de la justicia venezolana, admitió que el exdiputado Juan Guaidó tiene incidencia en todo lo que ocurre con Monómeros; dado que afirmó que el autoproclamado presidente interino “anunciará una reestructuración profunda” en la compañía.
¿Cómplices decepcionados?
La posición de Humberto Calderón Berti, sobre el manejo del caso Monómeros por parte de Juan Guaidó, se suma a otras críticas hechas desde el seno de la ultraderecha. Por ejemplo, Julio Borges, supuesto canciller del autodenominado gobierno interino, también emitió señalamientos al respecto.
A juicio de Borges, Guaidó “debería tener la fuerza, la asertividad de planear, planificar y proponer, cosa que al final lo hemos hecho nosotros solos”; según manifestó en una entrevista periodística que concedió recientemente.
Actualmente, avanza el proceso de reclamo por parte del Gobierno Bolivariano, que exige se devuelvan al Estado y al pueblo los activos de los cuales les despojaron. Inclusiva, el caso de la filial petrolera CITGO, recursos bloqueados en bancos del extranjero, así como la firma Monómeros.
Sin embargo, el control de la empresa permanece en manos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, una dependencia del gobierno de Duque que ordenó un proceso administrativo.
Simultáneamente la justicia venezolana, a través de la Fiscalía General, instruyó investigar a Juan Guaidó por incurrir en “usurpación de funciones; también por traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir”.
