La Cámara Federal de Buenos Aires, evaluó este jueves una solicitud para separar a la jueza María Eugenia Capuchetti, del caso relacionado con el intento de magnicidio a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), hecho registrado en septiembre pasado.
La solicitud responde a las denuncias realizadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, sobre los vínculos entre la jueza y el partido opositor Propuesta Republicana (PRO).
Se dio a conocer que, el posible interés de Capuchetti en la causa que le toca investigar sobre el ataque a la vicepresidenta y la falta de imparcialidad dado que «asesora a un órgano político» del gobierno porteño, fueron el eje de la exposición de la querella para pedir su apartamiento de la causa.
Según el ministro, desde hace 4 años, Capuchetti, quien es la «encargada de investigar» el ataque a CFK, cobra un sueldo mensual de “investigadora”.
Esto, pese a que los jueces tienen prohibido, por mandato constitucional, que cumplan otros tipos de roles, menos el educativo.
La policía
La querella recordó que Capuchetti abrió un legajo especial para investigar a las fuerzas de seguridad, pero decidió poner el foco en la custodia de la Policía Federal que cuida a la vicepresidenta. Sin embargo, no profundizó en el papel de la policía porteña.
Dicha fuerza está bajo el mando de Marcelo Silvio D’Alessandro (actual ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires); que desplegó decenas de efectivos en los días previos al intento de magnicidio alrededor de la vivienda de la vicepresidenta Fernández de Kirchner (CFK).
Reprimieron a manifestantes que iban a darle apoyo en los días en que el fiscal Diego Luciani desplegaba su alegato en el juicio de Vialidad (para pedir 12 años de cárcel), sacaron fotos desde los balcones, «no impidieron circular a personas violentas», «dejaban pasar hasta el edificio a personas cuya consigna era matar a la vicepresidenta«. Argumentó la querella.
Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel.https://t.co/TlgXHZJtt6
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2022
Las asesoras de Milman
En otra audiencia, también ante la Cámara Federal, los abogados plantearon que el contenido de los celulares de las secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman –señalado por un testigo como quien dijo «cuando la maten voy a estar camino a la costa» — se debe analizar desde al menos un mes antes del ataque. La jueza quería usar solo los mensajes y otros elementos posteriores. Todavía no se analizó nada de los teléfonos. Ya se cumplieron cuatro meses del intento de magnicidio.
«Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no. Y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga«, sostuvo Ubeira.
Cristina ya lo había solicitado
La vicepresidenta de Argentina presentó a finales del 2022, una reacusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti.
CFK, detalló en un escrito de 37 páginas, que lleva la firma de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, las razones que la llevan a solicitar que la magistrada Capuchetti se aparte del caso y la cuestiona porque, considera en el escrito presentado, que «ni sabe ni quiere investigar».
En el texto, la querella sostiene que no se ha avanzado en las líneas de investigación que involucran a sectores de la oposición de derechas, específicamente la pista que vincula al diputado macrista Gerardo Milman con el atentado. Y señala que «así, no se puede seguir».
Con información de Página 12.