Bolivia arde: Multitudinaria marcha contra Áñez pese a cerco mediático y epidemiológico

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Este 14 de junio, miles de personas marcharon en diferentes departamentos de Bolivia contra Áñez y su gobierno de facto con sus cuestionadas medidas económicas, sociales, sanitarias, educativas.

Las multitudinarias marchas estuvieron lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y una gran cantidad de organizaciones departamentales (docentes, mineros, agrupaciones indígenas), donde además exigieron la confirmación de una fecha para las pospuestas elecciones presidenciales.

A pesar de la pandemia y las medidas de aislamiento social establecidas por el Gobierno en el país, en la Paz colapsaron el centro paceño exigiendo al Gobierno transitorio en cumplimiento de una agenda de 13 puntos.

Protesta contra la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, en La Paz (Bolivia), el 14 de julio de 2020.

El uso del dióxido de cloro, el rechazo del Decreto Supremo 4.272 de reactivación económica y la abrogación del decreto 4.260 referida a la educación virtual fueron algunas de las exigencias contempladas.

Esta importante movilización nacional no contó con suficiente cobertura en los medios bolivianos, por lo que lo que ha sido denunciada como un «cerco mediático».

«¡Patria o muerte! ¡Venceremos!», fueron algunas de las consignas que se pueden apreciar durante la marcha de manifestantes en el municipio de El Alto, con banderas de los pueblos originarios.

«Hoy el pueblo está haciendo escuchar su voz de protesta», dijo el secretario ejecutivo del sindicato, Juan Carlos Huarachi, citado por la agencia italiana ANSA.

Asimismo, el dirigente exigió que se resuelva la crisis sanitaria y resaltó que «La gente común debería discutir con un Gobierno democráticamente electo, y no con uno que tomó el poder en circunstancias dudosas».

Sumado a este conflicto político, las autoridad de salud de Bolivia reportó en su último informe, 50.867 casos positivos de covid-19 y 1.898 pérdidas humanas.

Áñez asumió el cargo luego de consumar un golpe de Estado contra el entonces jefe de Estado Evo Morales. De manera irregular contó con el aval del Tribunal Constitucional y de las Fuerzas Armadas.

 


 

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