Así como se produjo el 14 de agosto la apropiación del cargamento de combustible valorado en 1.116 millones de dólares, que transportaban 4 buques interceptados en alta mar por el gobierno de Estados Unidos; ahora la administración Trump ordenó “incautar” 3 sitios web presuntamente administrado por la República Islámica de Irán.
El Departamento de Justicia de Washington acusa a las empresas de organizar, a través de los portales en Internet; “un envío de combustible multimillonario”; que presuntamente se dirigía a Venezuela.
Las firmas Mobin International, Sohar Fuel y Oman Fuel, son señaladas por el gobierno de Donald Trump de estar vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica; a la que la casa Blanca ha decidido etiquetar como “organización terrorista extranjera”.
El documento emitido por el Departamento de Justicia estadounidense acusa directamente a un ciudadano identificado como Mohammad Madanipour; como responsables de los supuestos delitos que implica la transacción para la venta de combustible al gobierno venezolano.
¿Nueva coartada de Washington?
Desde el punto de vista técnico la medida ejecutada por el gobierno de Estados Unidos se conoce en el argot informático como “hacking” o hackeo (españolizado) y consiste en entrar sin autorización en un sistema o plataforma web y apropiarse de ella con el objetivo de modificarla o bloquearla.
Aunque esa medida posiblemente se resolverá desde el punto de vista tecnológico; la orden de la administración Trump abre la posibilidad de arremeter directamente contra quienes consideren que tengan relación con los presuntos delitos.
La declaración publicada en el portal del Departamento de Justicia expresa que “interferir con la ejecución legal de la orden de incautación de los Estados Unidos; puede someter a una parte a sanciones penales por interferir con la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia; sobre el cargamento de petróleo”.
La política estadounidense contra Irán ha sido hostil durante más de 30 años y se materializa con la aplicación de las denominadas “sanciones”; en el ámbito económico y militar.
En el caso de Venezuela, Washington ha intensificado los ataques contra la estabilidad política y económica de la nación; con la aplicación de órdenes ejecutivas desde el año 2015 y recientemente ha incursionado en procedimientos que impiden la cooperación energética entre ambos países.