¿Apátridas, criminales o ambas cosas?

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El McDonell Douglas modelo MD83 de una conocida línea aérea venezolana (privada) que lleva más de 30 años operando en el país, está lleno de polvo en los hangares de la aerolínea. Necesita una reparación de recambio en sus dos motores “Pratt & Whitney JT8D-219s” y sus otros 3 MD82, acumulan polillas por igual, dos de ellos necesitan un sistema hidráulico nuevo, que permite la elevación de los alerones estabilizadores, y el último no puede despegar porque los aparatos de radiocomunicación de la aeronave, operan con un software de gestión para la planificación de vuelo y manejo del piloto automático, cuya licencia ha caducado. El proveedor del software, “Piccolo Command Center” (PCC) con sede en Detroit, Estados Unidos, se niega a proveer ninguno de sus productos a aeronaves venezolanas. De igual forma, “Pratt & Whitney” ha dicho categóricamente que no suplirá ni nuevos motores, ni piezas de recambio para la patria de Bolívar. Por supuesto, McDonell Douglas ni siquiera contesta el teléfono.

¿La razón? Las sanciones comerciales impuestas a Venezuela impiden que tanto las compañías fabricantes de piezas, y la fabricante del avión, mantengan ningún tipo de relaciones con empresas venezolanas. Aunque sean privadas. Imaginen entonces lo que pasa con las piezas que necesitan los modernos “Embraer 190” (los aviones más nuevos que existen en el país) de la estatal Conviasa, fabricados en Brasil por Embraer AeroIndustries.

Ismael García había declarado meses antes a un conocido periodista identificado con la oposición: “claro que estamos de acuerdo con que no le vendan nada a Venezuela, ni las piezas para aviones de ningún tipo, ni tampoco los químicos para fabricar la gasolina esa especial que usan (sic) esa puede ser una cosa dura que el pueblo tiene que entender, que es un sacrificio, una entrega voluntaria, para que el tirano abandone el poder”.

En 2017, la cámara de "Clínicas Privadas de Venezuela", declaraba a los medios que "el 45% de nuestros equipos médicos no funcionan por falta de repuestos. Entre los aparatos se encuentran: resonadores, tomógrafos, mamógrafos y equipos de rayos x, de impresión de imágenes y de hemodinamia.”

Pero el Gobierno Bolivariano, a través del “Centro Nacional de Comercio Exterior” aprobó, 4 semanas después, todas las solicitudes pendientes de autorización de adquisición de divisas para que el sector pudiera importar los repuestos y poner a funcionar los equipos. En total, la autorización fue por $20 millones de dólares (lo que se había solicitado exactamente).

Entonces, los privados respondieron con “una maravilla retórica”: “eso no nos alcanza para nada. ¡Necesitamos 42 millones más! Debe tomarse en cuenta que Cencoex solo aprobó autorizaciones de adquisición de divisas, (*el renglón que se había solicitado) los distribuidores nacionales no han podido pagar parte de la deuda que mantiene el sector con los proveedores internacionales (de lo que jamás se habló, y para lo que no solicitaron ni un dólar). Y continuaban: “para lograr que despacharan los repuestos que ya se usaron, los empresarios negociaron y pidieron a los vendedores que mandaran los pedidos como medida humanitaria porque la situación de la salud en Venezuela está muy crítica. De esta manera nosotros lo que estamos haciendo es endeudándonos más”.

Se pondría peor. Buena parte de los proveedores norteamericanos se negaron a despachar los repuestos. Y por igual de otras nacionalidades. Compañías como “Siemens” se negaron, por ejemplo, a proporcionar el software para que pudieran funcionar equipos comprados anteriormente cuyas “licencias de funcionamiento” (otro invento inmoral del capitalismo transnacional) habían “caducado”.

Las solicitudes hechas ante la muy ilustre Asamblea Nacional por diputados del bloque de la patria y diversos sectores de la vida nacional, para levantar la voz en contra de estas prácticas inmorales y decididamente criminales por parte del imperio, fueron desestimadas. La oposición tiene oídos sordos cuando se trata de defender a la patria. Si lo anterior era un crimen urdido desde la Casa Blanca, la complicidad silente y el apoyo manifiesto a las sanciones, vinieron a constituir una verdadera traición. Para ser apátrida es indispensable ser traidor. Y en Venezuela, el “menú” de la traición opositora es bien abundante y trágico”.

Los precursores catalíticos para la producción de gasolina, indispensables en el proceso de producción del combustible, son por desgracia, de producción extranjera. Las “sanciones” impiden a las transnacionales de la industria química, vender estos materiales a Venezuela. Y aunque el país ha logrado obtener parte de estos insumos con gobiernos aliados, la demanda interna excede a lo producido. Nicolás Maduro ha logrado la ayuda de Rusia e Irán para que le sean enviados a la República Bolivariana millones de litros de combustible. 5 buques iraníes han atravesado el  “Estrecho de Ormuz” desde el Bósforo, para venir en auxilio de Venezuela, bajo la agresiva amenaza de ser interceptados y abordados por la flota naval del “Comando Sur”.

La gasolina extranjera no sirve”, corren a gritar (entre otras cosas) actores de la oposición. "Esto es un líquido que, si bien tiene alto el octanaje y hace más eficiente su uso, es altamente tóxico". Según estudios que cita en conversación con “BBC Mundo” el profesor de ciencias ambientales de la Universidad de los Andes, Julio César Centeno. (conocido por su constante participación televisiva, siempre frontalmente opositora, al gobierno de Maduro). "Es un producto incoloro, insípido, que afecta el sistema nervioso de las personas, es cancerígeno y afecta el sistema endocrinológico". No hay límites para la infamia. Sembrar el miedo es una forma deliberada y cobarde de terrorismo.

El suministro de la comida y medicinas subsidiadas para atender las necesidades de la población más empobrecida y golpeada por la guerra económica y el bloqueo, (CLAP), ha atravesado por duras batallas. Parte de los productos incluidos en las cajas son importados por la Revolución. Por igual los medicamentos. La razón para ello, es que prácticamente ninguna empresa agroalimenticia y/o fabricante de víveres, y farmacéuticas, apoyan al Gobierno en esta cruzada y se niegan a participar produciendo comida y medicinas para su propio pueblo.

Pasqualina Curcio ha detallado que los que escasean son bienes cuya responsabilidad de producción, distribución e importación recae sobre grandes empresas que ostentan el monopolio y tienen el poder de decidir qué producir, cuánto producir y cuándo colocar los bienes en el mercado. Es el caso de los medicamentos, cuya producción no está muy desarrollada en Venezuela y son importados en su mayoría. "Las grandes empresas farmacéuticas reciben del Estado venezolano divisas para que puedan ir al mercado internacional a comprar y después los coloquen en Venezuela en bolívares. Lo que ocurre es que a pesar de que se les dan las divisas en cantidades mayores de lo requerido históricamente, los medicamentos no vienen".

Pero la oposición pone el grito al cielo. Lorenzo Mendoza, que se ha negado repetida y obstinadamente a producir alimentos de calidad a bajo costo, acompañando al gobierno venezolano en una operación financiera que le reportaría ganancias, seguramente no con el alto porcentaje al que está acostumbrado, pero lo suficiente para que sea rentable, ha escogido atacar a Maduro por “pretender destruir la empresa privada y atentar contra la seguridad alimentaria de los venezolanos más humildes” 1 kilo de harina de la producida por Lorenzo Mendoza, cuesta en el mercado lo que cuestan 5 cajas CLAP (de 15 artículos cada una).

Pfizzer, Elly Llily, Farma y otras farmacéuticas que operaban en Venezuela, abandonaron el país porque, según ellos, "operaban con un alto riesgo comercial y jurídico, y a perdida". Y se negaron, tal y como lo hizo Mendoza en su sector, a producir medicamentos de calidad y a bajo costo, especialmente los destinados a atender enfermedades de salud pública como diabetes, hipertensión arterial y HIV. Encontraron una mejor manera de hacerlo. Fabricar en el extranjero, e inundar el mercado venezolano con medicamentos comercializados a precios de escándalo.

Silencio total de la oposición, ninguna reacción del máximo “cuerpo legislativo” del país, ni una sola voz levantándose para denunciar un crimen de esta naturaleza, ni un solo comentario a favor del pueblo, al que dicen querer “liberar” de una espantosa tiranía.

El Departamento de Estado convenció a México, durante la época Peña Nieto, de sancionar a 19 compañías proveedoras mexicanas de productos para las cajas Clap. Las sanciones, todas administrativas, fustigaban a las empresas que apoyaban al “régimen” venezolano, e imponía sanciones millonarias a quienes violaran la disposición, esas sanciones se mantienen hasta el día de hoy. Nadie levantó la voz, nadie de la oposición se quejó ante un crimen como quitarle el pan de la boca a millones de compatriotas, que, ante la inflación causada en desmedro de los más pobres, se ve imposibilitada de adquirir los productos alimenticios en el mercado abierto.

Los únicos comentario al respecto, o al menos los más notorios, saldrían de la boca de Juan Pablo Olalquiaga (Conindustria): “es una traición al empresariado venezolano traer esa comida al pais” y de AD en boca de Francisco Narvaez: “los productos que contienen la bolsa o cajas CLAP son entregados en mal estado y vencidos, razón por la que -a su juicio- pone en riesgo la salud. Les están entregando a la gente productos vencidos de mala calidad y que ya cumplieron su tiempo; sin embargo, el oficialismo está empaquetando dichos productos, los Estados Unidos deben intervenir para evitar esto, que nadie le venda a Maduro ni una caraota más (…)”.

Hace pocos días, Directv se marchó furtivamente del país, dejando a sus usuarios, colgados y sin señal. Mediante un comunicado publicado en su página web, la compañía explicó que las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela le prohíben la transmisión de los canales de televisión venezolanos Globovisión y Pdvsa TV, los cuales, bajo la licencia de DirecTV en Venezuela, son requeridos para proporcionar el servicio de televisión de pago.

"Como es imposible para la unidad de DirecTV de AT&T cumplir con los requisitos legales de ambos países, AT&T se vio obligada a cerrar sus operaciones de televisión paga en Venezuela", detalla el texto.

La culpa, mediatica 2.0, es de Maduro, claro está. Aun a pesar de ser tan especifica la información divulgada, que no deja lugar a dudas de que son presiones del norte las que empujan la salida de la compañía de TV satelital, propiedad del magnate Gustavo Cisneros.

Pero millones de venezolanos están claros. La usuaria de Twitter Artemisa Warrior, (@v_artemisaDiosa) lo sintetiza muy bien en su tuit.

¿Criminales o apátridas?

Ambas. Ambos despropósitos pesan y pesaran por siempre sobre el registro delictivo de unos genocidas ancestrales, (EE.UU.) que derramaron napalm sobre Vietnam y radiación sobre Hiroshima. La gran pregunta es, ¿Qué harán los patriotas cuando la bota imperial venga a aplastarnos la cabeza?.

 


 

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