El presidente de la Comisión Especial para investigar actos fascistas en el país, Ricardo Molina, presentó ante la Asamblea Nacional (AN) el informe sobre la investigación por el atropello contra las familias campesinas del municipio Zamora de Guatire, estado Miranda.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, Molina solicitó acciones civiles, penales y administrativas a los responsables, de los actos fascistas contra las familias campesinas de Villa Zamora.
“Quienes ostentan cargos de poder y crean que puedan utilizarlo contra el pueblo, hace rato que el pueblo dejó de ser débil y cuenta con el respaldo de un gobierno que actuará para defender sus derechos”, precisó el diputado.
Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, sometió a consideración remitir oficio del Poder Legislativo al Poder Ciudadano para que actúe; y establezca la responsabilidad política, penal, civil y administrativa contra los responsables.
La medida fue aprobada por unanimidad, por lo que ahora el Poder Ciudadano deberá establecer responsabilidad contra el alcalde de Guatire, Raziel Rodríguez, la jefa policial de Zamora, Neilé Martínez; los oficiales Belkis Ramírez, José Ramón Páruta y Raúl Romero.
También, por el hecho están implicados el ingeniero, Carlos Carratú, el abogado, Evandro Rodríguez; la fiscal del MP, Norka Martínez; la jueza tercera de Primera Instancia en Funciones del Circuito de Miranda, Yusbely Caguaritano y el representante de la empresa privada, Omar Sánchez.
Rodríguez ratificó que la comisión continuará en funcionamiento para estudiar este y cualquier otro acto de fascismo en el país.
En ese sentido, el presidente del Parlamento descartó que la AN y el Estado Bolivariano deben dar ejemplo y sanción ejemplar; contra estos perpetradores que utilizan el poder político para atentar contra el pueblo.
El informe presentado por la comisión de la AN constató actos de fascismo por parte de cargos de mandato popular; desconociendo la Carta Agraria otorgada a 11 familias, a quienes secuestraron, allanaron y destruyeron sus viviendas.
A los implicados se les acusa de al menos 13 delitos, entre ellos, Aprehensión ilícita por delito inexistente, privación ilegítima de libertad; con engaños y amenazas, violencia, maltrato físico y mental a adultos mayores.
“Estos 13 delitos, al menos, todo esto de acuerdo entre la empresa Guatire Textil S.A. y el Alcalde, usando instancias del Estado para violentar los derechos de familias”, resumió Molina.