En 1982, el profesor peruano Rodrigo Montoya escribió el libro Lucha por la tierra, reformas agrarias y capitalismo en el Perú del siglo XX, en el que nos dice: “Escuché en 1964 a los hacendados de Huancavelica decir que “los indios leídos son indios perdidos” o -lo que es lo mismo- “un indio educado es un demonio encarnado”. Desde hace varias décadas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos acoge en su seno al campesinado indígena con dos objetivos encontrados: blanquearlo (objetivo del cuerpo docente antiindígena, eminentemente virreinal, prooligárquico) y emanciparlo (objetivo del cuerpo docente bolivariano, proindígena, revolucionario).
El 21 de enero de 2023, las fuerzas represivas del Estado allanaron la universidad, desalojando y deteniendo a cientos de estudiantes y manifestantes llegados del interior, quienes estaban alojados en esta casa de estudios. Un carro blindado forzó la reja de la puerta principal cerrada por los estudiantes que el 18 de enero tomaron la Ciudad Universitaria, para amparar allí a grupos de provincianos que arribaron para participar al día siguiente en una jornada de protestas exigiendo la renuncia de la presidente Dina Boluarte.
Es importante recordar que los movimientos sociales universitarios de Perú han protestado desde el golpe de Estado que la rancia oligarquía virreinal, con el apoyo de la embajada estadounidense, le propinó al maestro comunista Pedro Castillo. De hecho, el 15 de diciembre de 2022, varios estudiantes tomaron esta casa de estudios exigiendo justicia para los jóvenes asesinados en Apurímac y Arequipa, rechazando el gobierno de facto de Dina Boluarte y exigiendo el regreso del presidente depuesto.
La realidad peruana de hoy no difiere de la del Plan Huancayok del 14 de agosto de 1985, día aciago en que la patrulla Lince 7, conformada por 18 militares al mando del teniente del ejército Telmo Hurtado, sacaron a las personas de sus viviendas, separaron a las mujeres y niños de los hombres y los ancianos, los encerraron en tres casas; luego les dispararon, les lanzaron granadas y prendieron fuego al lugar, carbonizando los restos. Esto significó el exterminio de los pobladores de la comuna campesina de Accomarca, en el departamento de Ayacucho, el mismo donde Antonio José de Sucre luchó en defensa del pueblo originario peruano.
ALÍ RAMÓN ROJAS OLAYA
