Más de 465 organizaciones políticas y activistas sociales de 35 países del mundo, enviaron una carta pública a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (U.E.).
Esto a raíz de la resolución del Parlamento Europeo del pasado 10 de julio, sobre la “Situación humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria y de los refugiados”.
Según estas organizaciones, dicha resolución entra en contradicción con el comunicado conjunto del 1 de julio aprobado por Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela y el Servicio de Acción Exterior de la U.E.
#COMUNICADO | Llamado mundial a la Unión Europea para que respete a Venezuela#JuntosVenceremosAlCovid19 https://t.co/dfkckvAnPB
— Cancillería Venezuela ?? (@CancilleriaVE) July 10, 2020
“La resolución del Parlamento Europeo insiste en la política de cambio de régimen promovida por el Gobierno de Donald Trump y parece promover la repetición de experiencias de intervención e injerencia por parte de la Unión Europea, que han terminado en terribles baños de sangre y daños irreparables en los países intervenidos”, destaca la carta.
U.E al servicio del Departamento de Estado
Asimismo, las organizaciones políticas y activistas sociales manifiestan que esta postura es acorde a los objetivos del Departamento de Estado de EE.UU. para generar acciones violentas contra Venezuela y justificar un plan de intervención militar violenta en el país suramericano:
«Lamentablemente hay una mayoría de integrantes del parlamento europeo que insiste en una política de confrontación y en una política que se identifica con los objetivos del Departamento de Estado del gobierno estadounidense para la promoción de la política de cambio de régimen en Venezuela».
Por otra parte, condenan las acciones sistemáticas de bloqueo económico contra el país a través del saqueo de recursos del Estado venezolano que pudieran ser utilizados para la compra de medicinas e instrumentos necesarios para enfrentar la pandemia mundial del covid-19:
«Insisten estos parlamentarios en promover la aplicación de sanciones y despojar al gobierno venezolano de sus recursos financieros y bloquear sus posibilidades de acceso al mercado internacional para la compra de alimentos y medicinas, tan necesarios en el marco de la actual pandemia del covid-19».