El Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz consignará la confesión de José Ignacio Hernández, en todos los juicios donde el abogado venezolano radicado en Estados Unidos y designado procurador especial por Juan Guaidó, ha pretendido dejar a la República sin ningún tipo de defensa.
Esta información la dio a conocer la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien presentó el audio de José Ignacio Hernández, quien admitió la inexistencia de una oficina para la supuesta procuraduría del gobierno interino.
Ante este desmontaje de trama de corrupción y robo de activos de la nación, el Gobierno Bolivariano denuncia la usurpación de funciones y estafa de recursos pertenecientes a la nación.
Delcy Rodríguez presenta la cronología de los hechos: «dice este criminal (que) no existe (la oficina del Procurador), nunca ha existido, no tiene funcionario, él no es», comentó al referirse a Hernández como un usurpador de funciones, estafador y extorsionador, que fue investido mediante un tuit de Juan Guaidó.
«El abogado José Ignacio Hernández confesó que el cargo de procurador especial, asignado por el opositor Juan Guaidó para usurpar las funciones del Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, nunca existió».
Venezuela denuncia corporación criminal
Los organismos del Estado venezolano avanzan en la investigación sobre la existencia de una corporación criminal, que pretende robarse los activos de la República, conformada por Leopoldo López, Juan Guaido y José Ignacio Hernández.
“La oficina del Procurador no tiene funcionarios, aquí no hay funcionarios, no hay estructura, no hay burocracia, no hay nada», dijo Hernández según el audio difundido a partir de la interpelación hecha por diputados por la Asamblea Nacional.
El falso procurador prosigue con su declaración diciendo «¿De qué funcionarios se habla? ¿De cuáles formalidades se habla? Entonces hay una gran inconsistencia entre estos formalismos jurídicos que se pretenden exigir y la realidad es que la oficina del Procurador especial no existe. No existe, no ha existido nunca”.
Frente a estas nuevas y graves evidencias, que afectan los intereses legítimos y derechos de la República Bolivariana de Venezuela, hubo reacciones inmediatamente a las declaraciones de la alta funcionaria del Gobierno Bolivariano.
Desde Bostón, José Ignacio Hernández concedió una entrevista para manifestar que «lo que tenía que hacer ya se hizo», y tras 16 meses ya es hora de que vuelva a su oficio que es «ser profesor universitario».
#18Jun @ignandez, ex procurador especial de la República: “Aclaro que he tenido el apoyo del presidente Guaidó y de las organizacione como partidos políticos pero lamentablemente algunas individualidades no. Renuncié pensando en el país”. #Código58 por #TVV pic.twitter.com/odjmhiENsT
— TVV Noticias (@TVVnoticias) June 19, 2020
Su manifestación de abandonar el barco, se da justamente en medio del escándalo que lo vincula con el robo de activos del Estado venezolano y luego de la difusión de audio en el que confiesa las acciones cometidas contra el patrimonio de la nación.
La vicepresidenta Rodríguez quién estuvo acompañada del Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, presentó la ruta cronológica del «complot» del abogado de Juan Guaidó con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y la relación en el robo de los bienes de Venezuela.
Mencionó el caso de Citgo, filial de Pdvsa con sede en Estados Unidos y la nueva fase de despojo para entregar esta filial a la empresa estadounidense Conoco Philips.
El robo de activos a la nación asciende a 116 mil millones de dólares, y es calificado como el más gigantesco caso de corrupción en la historia venezolana.
Deben imperar las leyes y la justicia
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, hizo referencia a las leyes constitucionales y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que reza lo siguiente en su artículo 2:
«Son competencias exclusivas, asesorar jurídicamente a los órganos del poder público nacional y ejercer la defensa en representación judicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, tanto a nivel nacional como internacional».
Asimismo citó que «las competencias no podrán ser ejercidas por cualquier otro órgano o funcionario del Estado, sin que medie previa sustitución otorgada por el procurador o procuradora General de la República».
En tal sentido, señala que en Venezuela, el único facultado para dar poder a una persona distinta es el propio Procurador General de la República.
