La llegada del nuevo Coronavirus puso a prueba a la Unión Europea (UE). La comunidad se convirtió en el mes de marzo en el foco del covid-19; y fue fuerte cuestionada por la poca o nula solidaridad entre sus miembros y las medidas tardías para prevenir y contener la pandemia.
Las medidas comunitarias comienzan a aparecer en medio de una tensa calma. En esta oportunidad, la Comisión Europea, sorprendió con una reforma de las reglas de competencias. La cual autoriza a los gobiernos de los países miembros a entrar en el capital de las empresas para ayudar a superar la crisis causada por la pandemia. En una especie de nacionalización temporal.
Many businesses need capital to stay afloat in #Coronacrisis times. This amendment to #StateAid Temporary Framework enables support via recapitalisation. Also includes subordinated debt. It comes with strings attached to protect level playing field ? https://t.co/cwadLMXTq7
— Margrethe Vestager (@vestager) May 8, 2020
Condiciones
- Las empresas en las que se permitirá esta excepción deberán comprobar que no tenían problemas antes de la llegada de la pandemia.
- La inyección de capital público, será válida mientras dure el periodo de excepción ligado a la pandemia.
- Los Estados están obligados a abandonar estas asociaciones antes de seis años en caso de las empresas que cotizan en Bolsa o siete en las que no.
- Mientras el Estado forme parte del capital no se permitirá la distribución de dividendos ni bonos a los ejecutivos.
- Si al final del plazo acordados el Estado no ha ejecutado su salida del capital o no ha reducido su participación. La Comisión impondrá entonces un plan de reestructuración.
Cambio brusco
La comisión dirigida por la danesa Margrethe Vestager, a lo largo del estado de alarma por la pandemia, ha venido incentivando a los gobiernos a inyectar capital a las empresas afectadas por la paralización.
Esta nacionalización temporal de empresas prioritarias, es una acción inédita, que abre un nuevo capítulo en el modelo desarrollo está comunidad. Que además pone en duda la eficiencia de las disposiciones anteriores, que promovían la libre competencia y la mínima participación del Estado en los asuntos económicos.
