Justicia Boliviana emitió orden de aprehensión contra Evo Morales tras declararlo en rebeldía

El escenario político en Bolivia vuelve a fracturarse tras la decisión del Tribunal de Sentencia Primero de Chuquisaca, que este lunes declaró en «rebeldía» al expresidente Evo Morales Ayma. La medida viene acompañada de una nueva orden de aprehensión en su contra, elevando al máximo la tensión institucional en la nación andina.

La determinación judicial surge a raíz de la incomparecencia de Morales en los procesos que se le siguen, lo que ha llevado a las autoridades a activar los mecanismos de captura para garantizar su presencia en los tribunales.

Los cargos contra el líder del MAS-IPSP son trata de personas agravada y estupro. Según la tesis fiscal, los hechos habrían ocurrido en 2015, involucrando a una joven que entonces tenía 15 años, y conllevan penas de hasta 20 años de prisión.

¿Qué hay detrás?

El término técnico esconde una realidad política: el intento de inhabilitar a una figura que aún mantiene un peso simbólico y movilizador en las bases campesinas e indígenas de Bolivia.

• Fragmentación del campo popular: Esta orden de captura ocurre en un momento de profunda división interna dentro del movimiento popular boliviano. La justicia, lejos de ser un árbitro imparcial, parece estar siendo utilizada para profundizar esa brecha, sacando del tablero electoral a uno de los protagonistas.

• La receta del escarmiento: Al igual que ocurrió con Lula en Brasil o Cristina en Argentina, el sistema judicial se convierte en el brazo ejecutor de una política que no logra vencer en las urnas o en el debate de ideas. Declarar a Morales en rebeldía es, en la práctica, cerrar las vías del diálogo político para imponer la vía de la fuerza institucional.