La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó una controvertida ley de amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa. Esta legislación concede un perdón a aquellos que violaron derechos humanos (DD.HH.) entre 1980 y 2000, un periodo marcado por graves conflictos internos.
La decisión de Boluarte genera controversia y dudas sobre el compromiso del gobierno con la justicia para las víctimas de crímenes atroces. La promulgación desató críticas nacionales e internacionales. Esta norma tiene un impacto directo en casos emblemáticos que conmocionaron al país, como las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Estos crímenes, clasificados como lesa humanidad, llevaron a la condena del expresidente Alberto Fujimori.
Como resultado, la ley ahora ofrece una salida a los responsables, reabriendo heridas que el tiempo no ha podido sanar. Los familiares de las víctimas, que lucharon durante décadas para obtener justicia, ven ahora cómo se desmantela ese esfuerzo con un solo acto legislativo. Esto no solo constituye una traición a su memoria, sino también una afrenta a los principios de verdad y reparación.
Críticas y rechazo
La promulgación de esta ley ha encontrado una fuerte oposición en varios frentes. El Poder Judicial y la Fiscalía de Perú manifestaron su rechazo públicamente, advirtiendo sobre las graves implicaciones legales y morales de la medida. De manera similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió explícitamente al gobierno peruano que suspendiera la legislación. Esta solicitud subraya la gravedad del asunto y la percepción de que la ley contraviene las normas internacionales de DD.HH. Sin embargo, el gobierno de Boluarte desoyó estas advertencias, avanzando con una medida que la comunidad internacional considera un retroceso significativo.
Además, muchos analistas políticos interpretan la promulgación como una clara concesión a las fuerzas políticas que apoyan a Fujimori, quienes impulsaron la ley con gran determinación. La alianza entre el ejecutivo y estas facciones se consolida con esta acción, consolidando un pacto que muchos críticos consideran perjudicial para la democracia y la justicia en Perú.
Afortunadamente, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos han prometido continuar su lucha, buscando vías legales para impugnar la norma. Consideran que la ley no solo viola los derechos de las víctimas, sino que también debilita el estado de derecho y la institucionalidad del país.
En este contexto, la decisión de Boluarte marca un punto de inflexión en la política peruana. La presidenta, que llegó al poder en un momento de crisis, ahora toma una medida que la distancia aún más de los sectores que demandan justicia y transparencia. El futuro de Perú, en términos de su compromiso con los derechos humanos, parece ahora incierto. La ley de amnistía no solo perdona a los perpetradores del pasado, sino que también envía un mensaje peligroso al presente y al futuro, sugiriendo que la impunidad puede prevalecer sobre la justicia.
