A través de un comunicado, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), rechazó de manera contundente el anuncio de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, en el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que ayude a la detención y enjuiciamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Para la AAJ esta acción viola flagrantemente el Derecho Internacional, la Convención de Viena y la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que garantizan la inviolabilidad de los jefes de Estado y prohíben actos coercitivos contra la independencia política de lo países.
Además, la asociación califica como acto de “terrorismo político”, incentivar la violencia contra un mandatario “electo democráticamente” y socavar la estabilidad de Venezuela. La AAJ también denuncia que esta estrategia es parte de una serie de medidas coercitivas unilaterales y un bloqueo financiero que, según expertos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afectan los derechos humanos de la población venezolana.
En este sentido, la AAJ reafirma su compromiso y solidaridad con el país y, piden a los organismos internacionales denunciar las acciones ilegales contra la patria.
A continuación comunicado íntegro:
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra
Comunicado de la Asociación Americana de Juristas ante anuncio del gobierno de los EE. UU. contra el Presidente Nicolás Maduro Moros:
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), fiel a su compromiso con la defensa de la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y los principios de no intervención, rechaza categóricamente el reciente anuncio de la Fiscal General de los Estados Unidos ofreciendo una recompensa por información relacionada con el Presidente legítimamente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Este acto constituye una violación flagrante del Derecho Internacional, en particular de la Carta de las Naciones Unidas (Arts. 2.1 y 2.4: soberanía y prohibición de la amenaza o uso de la fuerza), la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), que garantiza la inviolabilidad de los Jefes de Estado, así como la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que prohíbe actos coercitivos contra la independencia política de los Estados.
Al tiempo se constituye como un acto de terrorismo político, al incentivar la violencia contra un mandatario electo democráticamente, socavando la estabilidad institucional de Venezuela. Esta estrategia ilegítima de presión económica y jurídica, se suma a las medidas coercitivas unilaterales, calificadas como un «castigo colectivo» por expertos de la ONU y al bloqueo financiero que afecta derechos humanos del pueblo venezolano.
La AAJ reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y su derecho a construir su destino sin interferencias externas. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de juristas y defensoras de los derechos humanos a pronunciarse en el mismo sentido, denunciar estas acciones ilegales, exigir el respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y demandar el cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales y actos de hostigamiento contra su pueblo y sus autoridades legítimamente constituidas.
