Pese a las críticas y rechazo de organizaciones de los derechos humanos y movimientos sociales, la Asamblea Legislativa de El Salvador extendió por 30 días más el régimen de excepción.
La medida, vigente desde hace 3 años para combatir a las pandillas, tuvo el respaldo de 57 diputados a solicitud del presidente Nayib Bukele. Además, mantiene suspendidas algunas garantías constitucionales hasta el próximo 4 de junio.
El decreto también señala el reclutamiento de menores de edad por pandillas, quienes al parecer están reorganizando las estructuras delictivas.
Según la diputada oficialista, Elisa Rosales, la prórroga se justifica en que aún persisten algunos «grupos terroristas» en el país, que, de no ser eliminados, podrían revertir los avances logrados hasta la fecha.
Es importante destacar que, desde que entró en vigencia el decreto han sido detenidos unos 85.900 presuntos pandilleros. La medida impulsada por el gobierno de Bukele es criticada duramente porque viola los derechos humanos de los detenidos, incluyendo muertes bajo custodia estatal.
Para los analistas la medida se convirtió en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo de permanente control social.
Recientemente, el gobierno de El Salvador, ofreció 50% de descuento por recibir migrantes deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a cambio de que el gobierno de Estados Unidos traslade a 9 pandilleros que tiene bajo custodia.
