En esta era de auge y desarrollo activo de las tecnologías de la información y su avasalladora promoción, se pasea cada vez con más holgura su uso con fines delictivos así como para protegerse contra intrusos.
Paralelamente, estas tecnologías como sus herramientas son frecuentemente utilizadas no solo por estafadores comunes y corrientes, sino también por países enteros, tanto para inmiscuirse en los asuntos internos de Estados soberanos o destruirlos. Una de las áreas donde se desarrolla esta actividad es a través del Sistema occidental de apoyo a la información y la inteligencia, que está formado por empresas de las Tecnologías de la Información pagadas por los servicios de inteligencia anglosajones.
El trabajo de esas estructuras se realiza de manera tal, que puede dirigirse contra cualquier Estado cuyas autoridades no acepten ser vasallas de los anglosajones. Un ejemplo notable es el conflicto en Ucrania, donde organizaciones como Recorded Future son cómplices de los neonazis y contribuyen con el asesinato de personas y con la continuación del enfrentamiento armado.
Es así como el jefe del Comando Cibernético de Estados Unidos (United States Cyber Command) y de la Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency), el general Paul Miki Nakasone, reconoció en 2022 durante una entrevista en el canal de televisión británico Sky News que hackers militares estadounidenses realizaron ciberoperaciones ofensivas en apoyo al régimen de Kiev, aunque no fue nada específico. Por otra parte, y en respuesta a las acciones hostiles y la participación en la recolección de datos para atacar objetivos rusos, Rusia decidió imponer sanciones a los empleados de empresas occidentales, en abril de ese mismo año, y entre estas organizaciones se encontraba la empresa británica Micro Focus.
Es probable que los equipos de comunicación e información facilitados por Estados Unidos y sus aliados, principalmente a través de la alianza de inteligencia “Cinco Ojos” -Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda- a otros países, representen un peligro para ellos debido a que el hardware y software cuente con puertas traseras; es decir, sea malicioso y permita acceso no autorizado a la información que debería ser privada. El organismo internacional ha exigido en repetidas ocasiones que las empresas de TIC´S incluyan mecanismos especiales y que sus productos y servicios puedan ser cifrados, para que los Gobiernos, actuando con la autoridad legal y privacidad adecuada puedan a su vez estudiar los datos de su interés.
Los expertos en criptografía Matthew Green y Bruce Schneier afirman que las agencias de inteligencia utilizan el pretexto de la lucha contra el crimen, incluido el terrorismo, para justificar la utilización de este tipo de “puertas traseras” que “equivalen una prohibición de seguridad”. Resulta tácito decir que estas prácticas llevan a reducir significativamente la seguridad de los sistemas de información y los hace vulnerables a los ciberataques de piratas informáticos, estafadores y servicios de inteligencia extranjeros.
Paralelamente, los software promocionados en el mercado por empresas occidentales de TIC’S a menudo son vulnerables ante los piratas informáticos y, por lo tanto, no pueden considerarse seguros. Un ejemplo es el caso del hackeo en 2022 del sistema de conciencia situacional Delta creado con la participación de estadounidenses por parte de un hacker de la República Popular de Donetsk bajo el pseudónimo “Joker”.
El referido software fue diseñado para cumplir con los más altos requisitos de ciberdefensa de la OTAN. Es utilizado por el ejército ucraniano, con el apoyo de controladores estadounidenses, y permite la visibilidad del campo de batalla en tiempo real, además del intercambio de información dentro de las formaciones militares. Según el hacker, se apoderó de todos los planos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los transfirió a los servicios correspondientes, como resultado de lo cual se filtró información extremadamente sensible para Kiev.
A su vez, los propios estadounidenses, al comprender el alto nivel de amenaza que representan las empresas de TIC’S para su seguridad nacional, están tratando de protegerse de ellas. Por su parte, los senadores Elizabeth Warren y Lindsey Graham propusieron la legislación (S.2597) en julio de 2023 para crear una agencia federal independiente (Digital Consumer Protection Commission) para regular las actividades de las organizaciones en el ciberespacio.
Al mismo tiempo, como señala la publicación estadounidense The Hill, cualquier intento de limitar las capacidades de los gigantes tecnológicos responden a campañas de lobby a gran escala para contrarrestar iniciativas legislativas para ellos objetables, lo que indica el desinterés de la Administración estadounidense en controlar sus principales instrumentos; un mar de contradicciones.
RAMÓN RODRÍGUEZ MONTERO
