Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia, para el período 2022-2026. El candidato de la coalición Pacto Histórico fue votado por 11.281.013 personas, totalizando el 50,44% de las preferencias, frente a los 10.580.412 del retador, Rodolfo Hernández, que se postuló por la alianza Liga de Gobernantes Anticorrupción, obteniendo el 47,31%. Ambos candidatos aumentaron significativamente el número de votos, considerando que, en primera vuelta, Petro había ganado con 8.526.352 votos (más del 40%), mientras que por Hernández habían votado 5.952.748 (poco más del 28%). Buena parte de los 15 millones de abstenciones, que se habían mantenido alejados de las urnas el 29 de mayo, fueron a votar, registrando una participación del 58,09 %, la abstención más baja en veinte años. Estas fueran las primeras elecciones celebradas desde la pandemia.
Un resultado sobre el que la derecha, más allá de las «felicitaciones» del expresidente Iván Duque y las declaraciones de Hernández, quien reconoció la derrota, se dispone a especular. Cuenta con su capacidad para afectar la realidad política a través de mecanismos judiciales, enturbiando, enjuiciando y noqueando a sus oponentes. Un mecanismo desenmascarado por el estallido de las protestas de 2001, precedidas de otras menores, en 2019 y 2020. El Gobierno de Duque, que había intentado imponer una reforma fiscal en detrimento de los sectores populares ya muy afectados por la crisis y la pandemia, tuvo que hacer frente a meses de huelga general, contra la que desató una represión sin precedentes.
La policía torturó, violó y llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales. Al menos 87 personas murieron, cientos de heridos, muchos con daño visual permanente, como sucedió durante la represión en Chile. Una de las propuesta electorales de Petro fue la de eliminar el Escuadrón Móvil Antidisturbios para mostrar la intención de dialogar con el pueblo y no de reprimirlo. Durante su primer discurso después de la victoria, Petro pidió al fiscal general Francisco Barbosa que libere a los jóvenes de la «primera línea», detenidos durante las protestas, y que los alcaldes destituidos por las protestas sean devueltos a la actividad pública.
Barbosa inmediatamente se atrincheró en la separación de poderes y respondió en los medios que “si el presidente electo quiere la liberación de los que han delinquido, debe pedirle al Congreso que cambie la ley, no al Ministerio Público”. Una clara referencia a la batalla institucional que se anuncia para impedir algunas de las reformas propuestas por Petro durante la campaña electoral.
Mientras en el Senado el Pacto Histórico obtuvo la mayoría en las elecciones políticas del 13 de marzo, en el Congreso es la segunda fuerza representada, pero no cuenta con los números necesarios para aprobar fácilmente una ley. Por tanto, deberá buscar alianzas en el campo moderado en temas puntuales, sabiendo que el uribismo, aunque en crisis, no tiene intención de rendirse, y que sí intentará reagrupar filas utilizando algunas zonas geográficas de frontera y algunas de sus instituciones baluartes, de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre de 2023. El cómputo final de los parlamentarios recién elegidos se realizará a mediados de julio.
En el segundo país latinoamericano con mayor índice de desigualdad después de Brasil, que tiene más de 21 millones de pobres y 7,4 millones en extrema pobreza, el plan del Gobierno de Petro pasa por reformas económicas en materia de pensiones y de salud, donde se espera reducir el margen de maniobra de empresas privadas encargadas de prestar servicios médicos.
La figura de la vicepresidenta, Francia Márquez, premio Nobel de medio ambiente y feminista afrocolombiana, votada sobre todo por jóvenes, mujeres, trabajadores pobres y sin derechos, representa las expectativas de los excluidos y excluidas: las trabajadoras del hogar, los basureros, campesinos pobres, los que nunca han tenido cargos políticos, y que han dado voz a las protestas populares denunciando el rostro feroz de una sociedad racista y clasista.
Como político experimentado que no se caracteriza por posiciones radicales, Petro ha prometido comprometerse en la construcción de un mejor capitalismo, prometiendo sin embargo que quiere pasar de un modelo extractivista, es decir, dependiente del petróleo y la minería (el sector petrolero contribuye al PIB colombiano para el 7,1%), a uno productivo, basado en la producción agropecuaria. Considerando que Colombia ostenta el triste record de conflictos ambientales en el continente, es fácil comprender que para pasar de las palabras a los hechos, también para llevar a cabo un programa de reformas consecuentes, Petro tendrá que elegir de qué lado tomar posición en el enfrentamiento entre las poblaciones, sobre todo indígenas, y las grandes multinacionales. Ya son 47 masacres en Colombia desde principios de año, en las que fueron asesinados más de 76 líderes sociales y 21 exguerrilleros. Muchos de los paramilitares, antes empleados en la guerra sucia contra la guerrilla y la oposición social, se han convertido en el ejército de seguridad privada de las grandes empresas multinacionales.
Francia Márquez se comprometió a dar voz a las zonas más pobres del campo, que están pagando la ausencia de una reforma agraria en un país que, principalmente por eso, ha visto surgir durante más de medio siglo dos guerrillas (la Farc-Ep y el Eln). La reforma agraria es una de las principales reivindicaciones del proceso de paz que Duque se ha dedicado a demoler, y que Petro se ha comprometido a llevar a cabo, contando además con los escaños de exguerrilleros que han pasado a la vida política.
No es tarea fácil, considerando los grandes intereses que entrelazan el poder de la oligarquía local con los de Estados Unidos, que perpetúan la lógica del Plan Colombia al entrelazar la economía de guerra con la del control social y territorial. Colombia, el único socio de la OTAN en América Latina, alberga la mayor cantidad de bases militares estadounidenses en la región, respaldadas por un sistema militar de antiguo fervor anticomunista, que se remonta al menos a la Guerra de Corea.
En 1950, Colombia fue el único país latinoamericano que envió sus tropas bajo las órdenes de Estados Unidos contra los comunistas coreanos. En el segundo país del continente por número de militares después de Brasil y el primero en relación a la cantidad de habitantes, existen innumerables denuncias por violaciones cometidas por militares, presentadas por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la densa red de propaganda que rodea a la «familia militar», que se considera enemiga de Petro, indica la omnipresencia de esta cultura en varios sectores de la sociedad colombiana. Tanto es así que, según una encuesta de 2021, la Fuerza Armada era la institución considerada más prestigiosa por el 26,8% de la población. En último lugar se incluyeron los partidos y movimientos políticos, con solo un 8,5% de aprobación.
Los repetidos ataques a la Venezuela bolivariana han podido contar con la posición estratégica de bases militares, visibles u ocultas, dotadas de potentes herramientas satelitales y de control, cuyos terminales también operan desde la embajada norteamericana, y que han sido utilizados masivamente para perseguir las protestas populares. La economía espacial es un sector importante de la economía de guerra, y Colombia también es un satélite importante de los Estados Unidos en este campo.
En tanto, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Juan Carlos Pinzón, dijo que dejará el país el día antes de que Petro asuma el cargo, el 7 de agosto. Para esa fecha, Duque organizó un gran concierto de despedida, durante el cual dará acceso gratuito a los «migrantes venezolanos», para quienes ha recibido fondos multimillonarios de sus padrinos norteamericanos y europeos, de los que nunca han visto un centavo, pero dando en cambio sus votos al uribismo que se lo había otorgado en tiempo récord.
Los pueblos del continente que se mobilitan en la campaña “No + Otan”, esperan que, además del embajador de EE.UU., también se vayan los representantes del autoproclamado “presidente interino” de Venezuela, Juan Guaidó, a quien Duque le “entregó” la petroquímica Monómeros, robada a Venezuela por cuenta de EE.UU. Tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, saludaron la llegada de Petro y Márquez al gobierno de Colombia, uniendo sus voces a la de los demás presidentes progresistas de América Latina y a la del presidente de Alba, Sacha Llorenti.
Durante la campaña electoral, bajo el impulso de los sectores más radicales que integran su coalición, Petro, a pesar de anteriores declaraciones desafortunadas contra el gobierno de Maduro, prometió restablecer las relaciones con Venezuela. Y en su primer discurso volvió a mencionar la integración latinoamericana, hablando de «un cambio sin odio ni venganza», basado en un «diálogo regional». Otro punto sobre el que ya se ha dejado sentir el chantaje de la derecha internacional, amplificado por los medios hegemónicos y por las plataformas uribistas que envenenan las redes sociales.
GERALDINA COLOTTI
