La bancada oficialista del Congreso salvadoreño destituyó, en su primera sesión, a todos los funcionarios integrantes de la sala constitucional y a la Fiscal General del país.
Con 64 votos a favor y 19 en contra, el Congreso aprobó destituir tanto a los jueces titulares como a los suplementes; acción contemplada en la Constitución del país.
Los congresistas que apoyaron la moción, aseguran que los actuales magistrados «actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población».
La afirmación corresponde a decisiones tomadas por los jueces en agosto de 2020, quienes -alineados con Donald Trump– impidieron la aplicación de decretos presidenciales sobre el confinamiento social para la prevención del covid-19.
El presidente Nayib Bukele denunció en reiteradas ocasiones, que estas decisiones ponían en riesgo a la población y obstaculizaban sus facultades como máximo mandatario del país.
Sobre el fiscal general, consideraron que tenía «vínculos» con la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que «pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad».
Reacciones a la decisión del Congreso
Sectores opositores al presidente Bukele califican la decisión del Congreso como «golpe de Estado»; alegan que con esta acción se elimina la división de poderes.
Erick Salguero, presidente del partido opositor Arena, indicó:
«Evidenciando totalmente su búsqueda del poder total, su primera moción en la Asamblea Legislativa destituir a la Sala de la Constitucional de la CSJ; anulando la separación de poderes y sepultando a El Salvador como República».
Por su parte, el gobierno de los estados unidos también expresó su preocupación por lo ocurrido.
Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU, opinó a través de su cuenta Twitter:
«Vemos con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso»; sentenció.
En una línea similar, se expresó el Secretario de Estado Antony Blinken: «Hablé hoy con el presidente salvadoreño @NayibBukele para expresar serias preocupaciones sobre la decisión de ayer de socavar al máximo tribunal de El Salvador y al Fiscal General Melara. La gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes, por el bien de todos los salvadoreños».
¿Es o no un Golpe de Estado?
Según la Carta Magna salvadoreña, los magistrados de la CSJ y otros funcionarios públicos pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas; previamente establecidas por la ley.
Así, la acción tomada está apegada a la Constitución. Así lo afirma la analista política salvadoreña, Bessy Ríos: «Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están elegidos por la Asamblea y la Asamblea de la misma forma en que los elige los puede destituir», explica Ríos.
Por su parte, Bukele celebró la decisión a través de Twitter y consideró que la destitución era «una facultad INCONTOVERTIBLE expresada CLARAMENTE» en la Constitución.
También llamó a la comunidad internacional a limitar sus opiniones sobre el caso.
Luego de la destitución del fiscal, tras un breve receso, los congresistas aprobaron de manera expedita el nombramiento de Rodolfo Antonio Delgado como nuevo fiscal de la República.
