El Gobierno Bolivariano ratificó su denuncia sobre el fraude procesal que ejecutó un tribunal del estado de Delaware, en Estados Unidos, para arrebatarle a Venezuela la compañía petrolera CITGO, el mayor activo nacional en el extranjero.
Por tal motivo, mediante un comunicado oficial el canciller Jorge Arreaza manifestó que, entre las aberraciones jurídicas cometidas para realizar la confiscación ilegal contra el país, fue el impedimento impuesto a la figura del Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, para que actuara como legítimo defensor de los intereses de los venezolanos.
“Quienes han actuado contra la Constitución para que se entregue de manera tan escandalosa, vergonzosa y antipatriota la empresa CITGO en el exterior, tendrán que vérselas con la justicia venezolana; y eventualmente, con la justicia internacional”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.
Igualmente, Arreaza ratificó que Venezuela mantendrá la defensa de sus intereses en otras latitudes, en beneficio del pueblo. El objetivo de gobierno nacional, en todos los escenarios, es lograr una distribución justa de la riqueza, como lo establece la Carta Magna.
#COMUNICADO | Venezuela rechaza enérgicamente la infame decisión de un juzgado de Delaware con respecto a nuestra filial de Pdvsa en EEUU, #Citgo. La arbitraria decisión no es más que una nueva agresión del agonizante gobierno de Donald Trump contra el noble pueblo venezolano. pic.twitter.com/zr0GoFOKxc
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 16, 2021
Rechazo rotundo
El documento divulgado por la cancillería venezolana expresa el Gobierno de Donald Trump, en complicidad con un reducto de extremistas venezolanos, cometió delitos trasnacionales.
“En un paso más de la intrincada trama de corrupción en ejecución, el día de ayer el Tribunal Federal, para el Distrito de Delaware de los Estados Unidos de América, decidió iniciar las fases preparatorias para la venta de las acciones de la empresa PDV Holding; propietaria de CITGO», reza el comunicado.
Agrega que el supuesto fin es «ejecutar forzosamente un laudo arbitral dictado contra Venezuela por un Tribunal del CIADI en 2016; que nada tiene que ver con PDVSA, Citgo Holding, Inc y Citgo Petroleum Corporation, (CITGO)”.
Expresó el ministro Jorge Arreaza que dicha sentencia confirma que las relaciones internacionales de la administración Trump las impulsa el odio; el saqueo, la venganza y el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público.
Añadió que las acciones ilegales forman parte del reparto del botín a última hora de ese gobierno con la complicidad de su fracasado títere local (Juan Guaidó); para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos.
“Alertamos a la comunidad internacional del peligro que representa para las inversiones y empresas extranjeras en los Estados Unidos de América; y el gravísimo riesgo al que están sujetos sus intereses frente a maniobras de esta naturaleza».
Señaló que esa trama está dirigida a confiscar activos privados extranjeros «mediante gigantescos fraudes procesales y acciones unilaterales violatorias del Derecho Internacional”, expresa el texto.
