La corporación norteamericana Walmart inició despidos masivos, afectando principalmente a trabajadores venezolanos y migrantes. La compañía instruyó a sus tiendas a identificar empleados con autorizaciones de trabajo federales a punto de expirar o revocadas. Esta medida es consecuencia de un fallo de la Corte Suprema que permite a la administración Trump eliminar protecciones laborales para miles de migrantes.
Este acontecimiento se materializó cuando el minorista más grande del mundo informó a empleados de al menos 2 de sus tiendas en Florida que perderán sus empleos si no presentan nuevas autorizaciones de trabajo válidas de inmediato. Voceros de los trabajadores confirmaron la noticia, aunque de momento se desconoce el número exacto de recortes de empleo que la medida provocará a nivel nacional. Sin embargo, la acción corporativa pone en una situación de extrema vulnerabilidad a una parte significativa de su fuerza laboral.
Además, las fuentes indican que los despidos están directamente relacionados con los formularios I-9. Los empleadores en Estados Unidos utilizan este documento para verificar la identidad y la autorización de empleo de todo su personal, y la reciente decisión judicial invalida muchos de los permisos que estos trabajadores habían presentado.
El fallo que desató la crisis
El origen de esta crisis laboral se remonta al pasado 19 de mayo, en esa fecha, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que permite a la administración Trump eliminar las protecciones de casi 350 mil migrantes. A este grupo se le había permitido permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos sin riesgo de deportación bajo un programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS), muchos de los cuales fueron otorgados durante el gobierno de Biden.
En consecuencia, tras la decisión del máximo tribunal, los documentos de autorización de empleo que el gobierno había emitido a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ya no son válidos para certificar la autorización de trabajo. Específicamente, aquellos documentos con una anotación que identificaba el estatus de libertad condicional humanitaria, un recurso que permitió a muchos iniciar una vida productiva en el país, perdieron su validez de forma abrupta.
Por lo tanto, la medida de Walmart representa el primer impacto a gran escala de esta nueva política migratoria en el sector corporativo. La decisión deja a miles de familias migrantes, que habían encontrado estabilidad económica, enfrentando la pérdida de su sustento y un futuro incierto. Organizaciones de derechos de los migrantes ya han expresado su profunda preocupación, alertando sobre una inminente crisis humanitaria y laboral para las comunidades afectadas por este drástico cambio legal.
