El Estado venezolano participa en la 22 Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), donde ratificó su firme compromiso con los derechos humanos, la rendición de cuentas y la justicia ante la comisión de crímenes de trascendencia internacional.
Durante su intervención, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, presentó la alerta de la inacción del CPI en el caso Venezuela II, «denunciamos a EE.UU. por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano a partir del bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales».
Además, el estado venezolano exigió a la CPI responda al genocidio en Gaza y lleve a los responsables ante la justicia internacional.
A nombre de la República Bolivariana de Venezuela trajimos a la Asamblea de los Estados Parte de la CPI la reflexión del Estado venezolano. El compromiso con los dd.hh y de cooperacion con el sistema internacional; el alerta de la inacción de la CPI en el caso Venezuela II, en… https://t.co/S6bI3Lx5gZ
— William Castillo Bollé (@planwac) December 6, 2023
Por otra parte, el también gerente general del Observatorio Venezolano Antibloqueo aprovechó la oportunidad para resaltar que la CPI «es un tribunal de última instancia, arraigado en los sistemas de justicia nacionales, que sólo debe involucrarse cuando los Estados no tienen la capacidad o voluntad de actuar».
En este sentido, pidió a la Fiscalía de la CPI a avanzar en las investigaciones que permitan establecer responsabilidades penales por los crímenes cometidos en Palestina, a partir del genocidio israelí; y en Venezuela, a partir de las «sanciones y bloqueos».
Venezuela también rechazó el lawfare, la politización y la instrumentalización de la justicia internacional, incluyendo del Estatuto de Roma y la CPI, «para privilegiar oscuros intereses, en franco detrimento de la credibilidad e integridad de la Corte; así como de los derechos humanos».
Cabe destacar que desde 2015, a Venezuela le han aplicado unas 930 medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas, que impactan principalmente en la industria petrolera, las finanzas públicas. Así como en la banca pública y el acceso a bienes esenciales como alimentos y medicinas.
