El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para reducir “significativamente” la plantilla de la Administración pública y otorgar más poder al nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), que está bajo la supervisión de Elon Musk y se encarga de recortar el gasto público.
Tras hacer el anuncio, Trump cedió la palabra a Elon Musk, quien afirmó que la Administración federal se convirtió en una “cuarta rama no electa” y subrayó la necesidad de implementar “controles de sentido común” para reducir, entre otras cosas, gastos innecesarios.
El empresario minimizó las críticas sobre su papel en el Gobierno y los posibles conflictos de interés, dado que seis de sus empresas están bajo investigaciones, quejas o han sido objeto de medidas regulatorias por parte de once agencias federales, sobre las cuales ahora está actuando para recortar personal.
Musk aseguró a los periodistas que intenta ser lo más transparente posible, aunque no tiene intención de hacer públicas sus declaraciones financieras. “La transparencia es lo que genera confianza”, afirmó.
La “bendición” del presidente
Trump respaldó la postura de Musk, asegurando que no hay ningún problema con su papel y denunciando la existencia de “fraude” y “abuso” en la adjudicación de contratos públicos, así como “decenas de miles de millones de dólares” que iban a despilfarrarse.
La orden ejecutiva instruye a las agencias federales a colaborar con el DOGE para reducir personal y limitar las contrataciones, con el objetivo de disminuir “significativamente” el tamaño del Gobierno federal, según confirmó a la prensa un funcionario de la Casa Blanca.
Bajo la nueva orden ejecutiva de Trump, las agencias gubernamentales solo podrán contratar a un nuevo empleado por cada cuatro que dejen su puesto, una vez finalizada la actual congelación de contrataciones federales, según un documento de la Casa Blanca compartido con The Washington Post.
El mismo documento señala que se harán excepciones para los puestos relacionados con la seguridad nacional y el control migratorio, permitiendo contrataciones en estos ámbitos.
Las acciones del DOGE, que incluyen el desmantelamiento de algunas agencias estadounidenses, la expulsión de decenas de miles de funcionarios y el acceso a algunos de los sistemas de pago más sensibles del Gobierno federal, provocaron demandas y generaron caos.
Como parte de su ofensiva para reducir gastos, el DOGE ha desmantelado de facto la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada tras la crisis financiera de 2008, con el cierre de sus oficinas e incertidumbre sobre el futuro de sus empleados.
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