Cada día, un nuevo capítulo de la historia de horror vivida por el pueblo yanomami en Brasil, sale a la luz. La situación de abandono, violencia y miseria que empeoró bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, dejó graves daños en sus territorios.
Según el Consejo Indígena Roraima (CIR), hay al menos 30 niñas y adolescentes embarazadas producto de violaciones cometidas por los mineros ilegales. Lamentablemente, Los buscadores de oro no se conformaron con violentar los espacios sagrados, también atentaron contra la integridad física de estas jóvenes.
Por su parte, el actual gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este viernes que investigará el caso. La denuncia fue hecha el lunes al Ejecutivo por el Consejo Indígena de Roraima (CIR) y revelada por el secretario nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes, Ariel de Castro.
«Pedimos más información al CIR para que tengamos los nombres de las niñas y pedir a la Policía Civil de Roraima, a la Policía Federal y al Ministerio Público de la Federación que investiguen posibles violaciones a personas vulnerables», informó a la prensa.
Mineros ilegales siembran el terror
Hay numerosas denuncias de abusos sexuales y otros delitos contra los derechos humanos cometidos por los mineros, entre los más de 27 mil indígenas que viven en la reserva.
Su situación de indefensión empeoró mucho durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. El exmandatario llegó al poder en 2018 con un discurso a favor de la explotación comercial de las áreas protegidas de la Amazonía. Entre sus promesas, la de no demarcar «ni un centímetro más» de tierra para los indígenas.
El pasado 2022, un informe titulado ‘Yanomami bajo ataque: Minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami y propuestas para combatirla’; publicado por la Asociación Hutukara Yanomami, denunció que los mineros exigen sexo con mujeres y niñas a cambio de comida.
Crisis humanitaria
La grave crisis humanitaria vivida por estos pueblos indígenas en Brasil, especialmente en los últimos 4 años y que derivó en un verdadero genocidio, llevó a la Suprema Corte (STF) a determinar la apertura de una investigación centrada en el gobierno de Jair Bolsonaro.
Según la orden firmada por el ministro Luís Roberto Barroso, se debe investigar «la posible participación de las autoridades gubernamentales de Jair Bolsonaro en los delitos de genocidio, desobediencia, violación del secreto de justicia y delitos ambientales; relacionados con la vida, la salud y la seguridad de varias comunidades indígenas».
También, hay una investigación en curso por parte de la Policía Federal, abierta a petición del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino. Adicional, existen denuncias remitidas por la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) a la Corte Penal Internacional de La Haya.
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