La ruta establecida por el autoproclamado en 2019, que contemplaba la realización de “elecciones libres”, parece quedar en el pasado ante la negativa de elegir nuevo árbitro electoral y de participar en las parlamentarias de este 2020, que corresponden según la ley.
En ese sentido, el reciente dictamen del Tribunal Supremo de justicia (TSJ) que fija un lapso de 72 horas para la postulación de candidatos a la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha ratificado el carácter antidemocrático de la oposición venezolana.
Tira y encoge
El presidente Nicolás Maduro abrió nuevos espacios para el diálogo y la concertación, en febrero de 2020, con la conformación de la comisión de postulaciones electorales, en la que se garantizó la participación de todos los sectores de la vida política nacional.
Acontecimiento que en cualquier lugar del mundo significaría un compromiso inquebrantable con la democracia; menos en Venezuela, donde la Asamblea Nacional en desacato dilata el proceso, negándole al pueblo la posibilidad de dirimir diferencias y de decidir su destino.
Reacciones
Luego de insistir en la necesidad de renovar las autoridades del Poder Electoral para la concreción de unas “elecciones libres”, los “dirigentes” cambian de opinión.
Las razones, según algunos analistas, se enfilan hacia la poca probabilidad de resultar victoriosos en este momento de crisis de credibilidad. Situación ya ensayada en las elecciones parlamentarias de 2005, que hasta el día de hoy es fuertemente criticada.
En este orden de ideas, el prófugo de la justicia, David Smolansky, afirmó que “la ruta electoral en Venezuela no es viable. Quienes crean en una elección con este CNE o TSJ viven en un país de fantasía”. Afirmación que diluye cualquier posibilidad de diálogo y deja clara su voluntad de llegar a Miraflores por la fuerza.
Por su parte Juan Guaidó, compara el actual escenario, con las pasadas elecciones de 2017 y 2018; años en los que su partido (Voluntad Popular) decidió no participar en los comicios regionales y presidenciales, para deslegitimar los resultados.
La “dirigente” del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, también dejó ver su negativa a participar en una contienda electoral, sea cual sea el escenario o los actores. La exdiputada, que ha relanzado su imagen, insiste en la necesidad de una intervención militar extranjera, como vía para subsanar las diferencias políticas actuales.
Estas posiciones extremistas no sorprenden. La derecha venezolana ha decidido aprovechar la coyuntura de la pandemia para aumentar las presiones contra el gobierno y el pueblo de Venezuela; y alejarse de la ruta electoral.
Esto podría tener un alto costo político. La Asamblea Nacional, aunque se encuentra en desacato, representa el único espacio de “legitimación” internacional de la figura de Juan Guaidó, perderla significaría el fin de la aventura golpista y el cierre definitivo de las fuentes de financiamiento para la desestabilización.