El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó por “difamación agravada y continuada” al coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, y al director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, padre Alfredo Infante.
El Tribunal de Primera Instancia en función de juicio del estado Carabobo emitió el pasado 13 de mayo; las boletas de notificación para ambos directores de ONG.
A los activistas se les acusa de “de difamación agravada y continuada, previsto y sancionado” en el Código Penal.
“El día de hoy, 16 de mayo, hemos recibido una notificación de un tribunal penal del estado Carabobo; de una demanda por difamación interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. Una acusación contra Alfredo Infante, director de Derechos Humanos de la Fundación Gumilla; y otro contra mi persona”, informó Alvarado en una publicación en su cuenta de Twitter.
ATENCIÓN | Rafael Lacava, Gobernador de Carabobo, demanda por “difamación” al Coord. Legal de PROVEA, Marino Alvarado, y al Padre Alfredo Infante Sj (@centrogumilla); tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales. pic.twitter.com/5fG8sff4RN
— PROVEA (@_Provea) May 16, 2022
La demanda surge luego que la semana pasada, Provea presentara su informe anual en el que exigían que se abriera una investigación formal contra Lacava, por su supuesta responsabilidad en las 132 ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía de Carabobo.
Según el informe de las ONG, la policía de Carabobo fue una de las más letales en el país durante el 2021; tras ocupar el segundo lugar en la lista con supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, añadieron que la ciudad de Valencia se convirtió en la ciudad con mayor número de víctimas de presuntas ejecuciones, 98 personas.
Ante estas acusaciones, el informe de las ONG exigen al Ministerio Público (MP) y a la Defensoría del Pueblo que investiguen a Rafael Lacava, por su supuesta responsabilidad en la cadena de mando de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de los cuerpos de seguridad en el estado Carabobo.
Provea se define como independiente, sin fines de lucro y defensora de los derechos humanos, sin embargo se ha dedicado a hacer política contra el Gobierno nacional, desprestigiando en reiteradas oportunidades su gestión.
Asimismo, forma parte del grupo de ONG al servicio de Washington y sus intereses, que incluso recibe financiamiento de la fundación Open Society Institute que es financiada directamente por la USAID, la cual recibe financiamiento directo del departamento de Estado de EE.UU.
