Desesperados por la plata como aves de rapiña, la Asamblea Nacional ilegítima, Juan Guaidó y sus séquitos, iniciaron una lucha sin cuartel por los activos de Citgo, que le fueron robados al Estado venezolano en 2019.
Este jueves, la Procuraduría «especial» del autoproclamado Guaidó, a través de un comunicado, descartó someter el refinanciamiento de la presunta deuda de Citgo a la autorización de la Asamblea Nacional ilegítima, también manejada por los secuaces del usurpador.
Este pronunciamiento se produjo luego de que Citgo anunciara la emisión de 750 millones de dólares en pagarés con vencimiento a 5 años, con activos de la compañías, cuestión que no fue avalada previamente por la Asamblea Nacional pro Guaidó. Es decir, en una acción desesperada y motivada por la codicia Juan Guaidó, pasó por encima de su mismo «parlamento».
Esta decisión generó fuertes polémicas entre las mismas filas de la oposición extremista, quienes no tardaron en afilar sus garras, para reclamar parte del botín.
Citgo, actualmente manejada por una junta directiva designada irónicamente por la Asamblea Nacional pro Guaidó, a través de un comunicado señaló que la oferta «está sujeta a las condiciones del mercado y otras circunstancias», que hasta ahora no explica.
Según Guaidó, en el artículo 187 de la Constitución, “el refinanciamiento de la deuda de Citgo Petroleum Corporation, no se somete al control autorizatorio previo de la Asamblea Nacional (..) a diferencia de las operaciones financieras de Pdvsa”, indicó el comunicado.
De acuerdo con el texto: «Las facultades de control de la «Asamblea Nacional» se extienden a contratos suscritos por órganos y entes de la Administración Pública Nacional así definidos en la Ley que regula la materia. Esto incluye a las empresas del Estado constituidas en Venezuela, como es el caso de PDVSA».
Esto demuestra el doble rasero de la extrema derecha quien crea poderes públicos imaginarios, como el caso de la Procuraduría, la Asamblea Nacional y la supuesta presidencia de Juan Guaidó para cometer delitos contra la soberanía nacional, que además atentan contra los derechos fundamentales del pueblo venezolano.
