La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil, pidió 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados de participar en el asalto al Congreso Nacional, el Palacio presidencial y la Corte Suprema, el pasado 8 de enero. En un intento por derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La Procuraduría de Brasil aseguró en el documento remitido a la Corte Suprema que en el caso de los 40 acusados, se ha comprobado tanto la “materialidad” como la “autoría” de al menos 5 delitos.
Los cargos que se les imputan son: “asociación criminal armada; abolición violenta del Estado democrático de derecho; golpe de Estado; daño calificado y grave amenaza y deterioro de patrimonio público”. Que, según el Código Penal brasileño, en conjunto “llegan a 30 años de prisión”, pena máxima contemplada por las leyes del país.
En los alegatos finales, los fiscales mencionaron que “la forma en que actuaron los invasores demostró, por un lado, la estructura del grupo criminal y; por otro, la fragilidad de la contención impuesta por la policía de Brasilia”.
Golpe de Estado
Además, la investigación determinó que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro pidieron a las Fuerzas Armadas dar un golpe de Estado aprovechando la toma de los 3 poderes públicos.
Cabe destacar que la Corte Suprema ya ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.290 personas. Incluso investiga al propio el expresidente Bolsonaro, sospechoso de haber alentado la asonada; así como sembrar dudas acerca de la limpieza y transparencia del proceso electoral del año pasado.
Las pruebas reunidas en 8 meses de investigación incluyen fotos, videos, informes de inteligencia y declaraciones de testigos y de los propios implicados.
Por su parte, el fiscal adjunto Carlos Santos sostuvo que debe condenarse al grupo golpista. “La condena debe ser ejemplar por tratarse de delitos graves practicados en un contexto multitudinario que buscaban implantar un régimen autoritario en lugar de un Gobierno legítimamente elegido”, afirmó.
Documentos comprometedores
Este martes, el exministro Anderson Torres y aliado del expresidente Bolsonaro, no pudo explicar a una comisión parlamentaria sobre un documento encontrado en su casa, que daría legalidad al intento de golpe de Estado a principios de año.
En el documento encontrado estaba escrito un decreto para anular las elecciones de octubre pasado, intervenir el Poder Judicial y mantener en el poder a Bolsonaro, derrotado por Lula da Silva en esos comicios.
En este sentido, Torres admitió ante los parlamentarios la existencia de lo que calificó de “papel”. Pero, no supo decir cómo llegó a sus manos. “No sé quién me entregó ese documento apócrifo y desconozco cómo fue redactado”, declaró el exministro de Justicia y Seguridad.
En su defensa, minimizó la importancia de ese borrador y lo calificó de “aberración jurídica”. Además, aseguró que lo guardó con otros “papeles” sin “ningún valor” que destruiría posteriormente.
