Es añeja la narrativa según la cual el gobierno venezolano opera como una suerte de empresa criminal de tráfico de drogas ilícitas, junto a los más poderosos carteles de la región. No obstante, varias son las investigaciones e informes que dejan al descubierto cuál es el flujo real de estupefacientes y cómo son otros los actores los que transan clandestinamente en este oscuro y millonario mercado.
Cifras que desmontan un relato tendencioso
Entre las investigaciones destaca un estudio de Geoff Ramsey y David Smilde, publicado el 12 de marzo último e intitulado “Más allá de la narrativa del narcoestado: lo que dicen los datos de monitoreo del tráfico de drogas de Estados Unidos sobre Venezuela”. Este documento a su vez, refiere cifras de la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB, por su sigla en inglés), según las cuales, entre 2012 y 2017 aumentó el flujo de cocaína hacia Estados Unidos desde Venezuela, porque Colombia produjo más y no porque Venezuela tenga cultivos en su geografía.
La propia oficina estadounidense admite que toda la droga que viaja con destino al país del norte, reconocido internacionalmente como el mayor consumidor de estupefacientes del mundo aun teniendo uno de los más grandes poderíos militares del mundo, se trafica a través de las rutas del Caribe occidental y Pacífico oriental y no a través del Caribe oriental venezolano.
La organización colombiana Fundación Paz y Reconciliación recientemente reveló un informe sobre la dinámica del narcotráfico en Colombia y las principales rutas de salida de la droga que se produce en este país suramericano. Entre las conclusiones destaca que 85% del tráfico de drogas en 2017 fue marítimo: 70% pasó por el Pacífico (desde donde va hacia Centroamérica y de ahí a Estados Unidos, y donde el enfrentamiento a sangre y fuego entre organizaciones criminales para hacerse del control de la zona deja desplazados, desapariciones forzosas, confinamientos y población local masacrada). Solo el 30% restante viaja por el Caribe.
Otro dato que aporta la Fundación es el aumento vertiginoso de los cultivos de coca durante la gestión de Iván Duque, quien antes de llegar a la Presidencia prometió el exacto contrario. Este incremento, entre otras cosas, viene explicado por que se trata de un mercado que funciona como cualquier otro, regido por la vieja ley de oferta y demanda: a mayor demanda, mayor oferta. Además, unas 500 mil familias se sustentan económicamente a través de las economías ilegales. Entonces, si sube el precio de la onza de oro, estas familias abandonan la siembra de coca y migran hacia el contrabando de oro y viceversa.
Paradójicamente fue el propio Comando Sur de Estados Unidos que informó cómo, a inicios de la semana en curso, la Guardia Costera Cutter Hamilton y el Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros, capturaron en el Pacífico oriental 7 toneladas de cocaína y marihuana, equivalentes a 324 millones de dólares, según reseñaron los medios locales. En la operación, que duró unos 80 días, fueron aprehendidos 8 traficantes, entregados a la Agencia de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) para su posible enjuiciamiento.
¿»Operación antinarcóticos» como excusa para un bloqueo naval a Venezuela?
Como es costumbre, al entramado estadounidense le tiene sin cuidado lo que digan los números, así sean aportados por varias de sus propias instituciones.
Desde que en 2005 el Comandante Hugo Chávez decidió suspender la cooperación de Venezuela con la DEA, acusándola de espionaje y desestabilización contra su gobierno, la institucionalidad estadounidense ha alegado una y otra vez, que en Venezuela «aumenta la proliferación de grupos armados y bandas organizadas dedicadas al narcotráfico». Es parte de una agresión multiforme que no cuida fondo ni forma.
Hace dos semanas, el gobierno de Donald Trump acusó a su homólogo Nicolás Maduro de liderar una conspiración de narcotraficantes responsables del contrabando de unas 250 toneladas métricas anuales de cocaína a Estados Unidos. Incluso ofreció recompensas a quienes aprehendieran a varios altos dirigentes de la Revolución, incluyendo al Jefe de Estado y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y días más tarde ordenó un operativo de despliegue de buques de la fuerza naval estadounidense en las proximidades a las aguas venezolanas, en El Caribe, sitio por demás estratégico y apetecible para el control geopolítico de la región.
Se trata de una operación que involucra a la Guardia Costera, buques destructores, aviones de vigilancia y una brigada de tierra. El pasado primero de abril la Marina estadounidense reportó el primer movimiento: el buque USS Detroit, de 115 metros de eslora, «ejecutó operaciones de inteligencia, cerca de las costas venezolanas».
A propósito de ese movimiento, el secretario de Defensa Mark Esper, dijo que “el pueblo sufre de manera tremenda dado el control que ejerce Maduro y su control criminal sobre el país, y los narcotraficantes se están aprovechando de este vacío de la ley”. La declaración en toda regla revela que se trata de un ataque con fines políticos a un país soberano.
Las autoridades venezolanas han advertido de un bloqueo naval de alta peligrosidad para el abasto de insumos vitales y para la estabilidad de la nación. En una carta enviada por el presidente Nicolás Maduro al pueblo estadounidense, el pasado 3 de abril, se lee: «El gobierno de Trump, instrumentalizando unas vez más las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales, y basándose en las infamias bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos hacia nuestra región en 30 años, con el fin de amenazar a Venezuela y de llevar a nuestra región a un conflicto bélico, sangriento y de duración indefinida».
Pone de relieve el mismo texto: cómo es que se les califica a líderes venezolanos de «narcoterroristas» aun cuando «el Departamento de Defensa de EE.UU. reconoce que Venezuela no es un país de tránsito primario de drogas, como sí lo son aliados de Washington como Colombia y Honduras».
En 2003 Venezuela fue declarada territorio libre de cultivos ilícitos, en 2008 Naciones Unidad le declaró territorio libre de cultivos de coca. Desde que Venezuela salió de la DEA, el gobierno ha neutralizado casi 200 narcoaeronaves, más recientemente fue capturada una en espacio aéreo soberano, en el occidental estado Zulia.
En el presente está en marcha el Plan Nacional Antidrogas 2019-2024, que concibe el asunto como un fenómeno multidimensional y en clave de soberanía, por lo cual sus funcionarios no han cedido ante los repetidos ataques, proferidos sin pruebas de ninguna naturaleza.
