Organizaciones de DDHH reportan al menos 471 casos de desaparecidos en Colombia

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La Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en Colombia divulgó un documento en donde determina que al menos durante el contexto de la protesta social se han reportado 471 casos de desaparecidos.

La organización destacó que de este número solo 92 han aparecido con vida. El informe menciona que los detenidos sufrieron arrestos arbitrarios y trasladados a centros “no autorizados por la ley y sin presencia del Ministerio Público”.

Según esta organización defensora de los DD.HH. “Las víctimas denunciaron que fueron golpeadas, sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; además de violación sexual y basada en género en el caso de mujeres e integrantes de la comunidad LGBTI”.

Además de los 92 casos que aparecieron con vida, también la MTDF reportó el hallazgo sin vida de 2 desaparecidos. Se trataría de los casos de Brahian Gabriel Rojas López y otro no identificado, ambos encontrados en el Río Cauca.

Al menos en el caso de la víctima identificada, este estaba reportado como desaparecido el pasado 28 de abril luego de participar en la movilización en La Arena de la Virginia, en Risaralda.

Hay impunidad

La Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas precisó que: “Todos los casos documentados (471) comprometen la responsabilidad de integrantes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, que sigue actuando en total impunidad ante la falta de investigación y de control de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público”.

Ante esta situación, la organización considera que “se hace necesario que se inicien las investigaciones penales por el delito de desaparición forzada por cada grupo de hechos por lugar y temporalidad, que determine la existencia del hecho, la adecuación típica, la identificación de los responsables y se realicen labores probatorias que permita presentas acusaciones contra los mismos”.

3 semanas seguidas de manifestaciones han dejado un saldo mayor de 50 víctimas fatales. Esto, según juristas y políticos, configuran delitos de lesa humanidad cometidos por el estado colombiano en contra de su población.

 

 


 

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